El presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, presentó un proyecto por el cual solicita que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, informe al Congreso sobre el funcionamiento de los sistemas de emergencia ante la “ineficiencia” del Estado frente a las inundaciones registradas en las ciudades de Buenos Aires y La Plata, con sus “dramáticas consecuencias”.

Gil Lavedra, expresó que a causa de estas inundaciones “debemos lamentar lo más atroz” de las consecuencias de las inundaciones que es el “fallecimiento o desaparición de cerca de sesenta personas según cifras oficiales (además de los miles de evacuados a lo largo de los días siguientes a la catástrofe)”; las “inmensas pérdidas materiales, la virtual paralización de cualquier actividad social, cultural y económica en grandes zonas

“Este hecho ha dejado en evidencia, una vez más, la descoordinación, lentitud e ineficiencia en el accionar estatal a nivel nacional, provincial y local (tanto en materia preventiva como en el accionar posterior al hecho)”, remarcó Gil Lavedra.

Agregó: “Ante esta infausta realidad estatal se erige la realidad social, aquella que muestra a toda una sociedad dispuesta a dar su tiempo y sus recursos por ayudar a sus semejantes. Sin embargo, la voluntad ciudadana sin la estructura estatal adecuada que la coordine y la potencie, ve sus logros inmensamente disminuidos”.

“Estos hechos reflejan la necesidad de una estructura estatal acorde, capaz de hacer frente a estas catástrofes”, puntualizó Gil Lavedra, quien recordó que en octubre de 1999, se aprobó el decreto 1250 que creó el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM). “No obstante, ha trascendido en diversos medios de comunicación que el accionar del SIFEM ha sido, en el mejor de los casos, nimio”, puntualizó.

Gil Lavedra requirió al jefe de Gabinete que informe al Congreso “el estado actual del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) y de sus órganos constitutivos, el Gabinete de Emergencias (GADE) y la Secretaría Permanente, creados por decreto 1250/99 (artículos 1°, 3° y 10, respectivamente); así como también toda información que considere pertinente en este sentido (conformación de los cargos, funcionamiento, cantidad de empleados en nómina –permanente y/o transitoria–, presupuesto, etc.)”.

“Resulta indiscutible la necesidad de escuchar a quienes poseen la información adecuada para corroborar o refutar las declaraciones. La realidad, de cualquier modo, ha demostrado que hay una deficiencia institucional que debe ser saldada; y no se puede corregir aquello que no se conoce”, concluyó Gil Lavedra.