La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ideó seis proyectos de ley para reformar la Justicia y proclamó su objetivo de “democratizarla”. Aunque todos coincidimos que el sistema judicial argentino debe modernizarse y podemos hacerlo, no se ha previsto en esta reforma nada que signifique acercar la justicia a la gente, avanzar en el acceso igualitario de los sectores más marginados, ni la creación de nuevos juzgados y cámaras para que en el interior del país podamos tener más justicia, expeditiva y oportuna, ni para salvar las distancias, modernizar su sistema y afrontar las demandas básicas de nuestros Tribunales y de los ciudadanos que recurren a su amparo.

Por el contrario, la causa de “democratizar” la justicia y reforzar los poderes de control y decisión ciudadanos sobre el poder político, se ha desnaturalizado por completo. Se trampea a la sociedad para imponer otros objetivos bien diferentes, imponiendo una metodología de tensión a un debate que debiera ser democrático y no lo es en absoluto.

De los seis proyectos, se han ingresado tres a la Cámara de Diputados y otros tres a la de Senadores para su tratamiento en tiempo récord – que le llaman trámite Express-, sin posibilidades de proponer ninguna coma o punto de reformas, porque ello está vedado aún para los propios legisladores oficialistas.

Está claro que no habrá reforma democrática de la Justicia, sin debate democrático de las leyes propuestas. Es muy lamentable, porque hay cuestiones que podemos debatir seriamente y en las que podemos estar de acuerdo, en temas como el ingreso a los cargos de la administración de justicia y del ministerio público por concurso de mérito, la publicación de los fallos judiciales y acordadas en Internet, así como de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios judiciales y de los otros poderes del Estado.

Esos son mecanismos de mayor transparencia que se elevan a la categoría de ley y se agregan ahora para maquillar el propósito de esta reforma, porque bien podrían regir hace tiempo, haciendo efectivo el derecho de acceso a la información que se niega aprobar el Poder Ejecutivo. Ese es un pilar básico de la democracia cajoneado sin tiempo, que no se considera urgente ni apura el gobierno con la misma energía e interés.

La verdadera sustancia de esta reforma judicial que nos propone el oficialismo pasa por otro lado. Son los proyectos para reformar el Consejo de la Magistratura, para crear tres Cámaras de Casación y para regular las medidas cautelares en contra del Estado.

Por el primero pretenden cooptar definitivamente a los jueces de la República. Se eliminan los dos tercios necesarios hasta ahora para nombrar y remover a los jueces. El proyecto permite hacerlo con simple mayoría, como resultado de una elección popular de sus miembros a propuesta de los partidos políticos, algo que es claramente inconstitucional. De manera que la Justicia podría quedar integrada por jueces adeptos, ya que aquel que se arriesgara a dictar sentencias contrarias al gobierno pondría en juego su cargo. Y entonces la Justicia será solamente kirchnerista, y ya no será otra cosa, porque solo quedarían jueces dependientes del poder político. Destituir jueces a voluntad es lo mismo que dictar justicia al gusto propio del poder de turno. Hay que notar que ya entre los actuales jueces un 53 % fueron propuestos por Cristina Kirchner, esperando luego que estos una vez designados le respondan y el 40 % del resto faltan ser nombrarlos, a los que pretenderá nombrarlos desde luego ella, lo cual demuestra hasta donde controla hoy el gobierno al Poder Judicial.

No hay dudas que se traspasa un límite crucial de la República y que el gobierno pretende someter totalmente a la Justicia, para tenerla en un puño, porque prepara el terreno de su impunidad. Entramos a recorrer el camino de un autoritarismo exacerbado, al que le debemos hacer resistencia con todas nuestras fuerzas.

Los otros dos proyectos de nuevas Cámaras de Casación y para regular las medidas cautelares en contra del Estado, también pueden debilitar seriamente la defensa de los derechos ciudadanos a costa de debilitar los derechos de los ciudadanos.

Por una parte, van a retrasar largamente, o frustrar sin remedio, los reclamos laborales y sentencias favorables a los jubilados, obligados a peregrinar hasta la muerte por sus derechos, con nuevas instancias que atravesar antes de llegar a la Corte Suprema, alargándoles aún más los años de espera.

En cuanto a las medidas cautelares, ya no serán reguladas por esta reforma, sino prácticamente eliminadas, poniendo al Estado en una situación de privilegio sobre los ciudadanos al limitar su capacidad de presentar recursos de amparo de sus derechos, contraviniendo la Constitución Nacional (Art. 43) y aniquilando garantías frente a la omnipotencia de la autoridad estatal.

Frente a todo ello, no nos queda otra respuesta que resistir. Hay que evitar que se consume con estas leyes un golpe de Estado contra el Estado de Derecho y la Justicia.

Unámonos en el esfuerzo para rescatar a la República de una situación de peligro y para evitar que sus Jueces sean solo los Jueces del gobierno. Recordemos a Raúl Alfonsín a treinta años de la recuperación democrática, cuando en 1983, se juzgaba a las Juntas Militares de la dictadura y nos aseguraba que la Argentina dejaba atrás y daba la vuelta de página de un estado en que algunos actuaban por encima de la ley, Porque a partir de ese momento, todos serían juzgados por igual y todos se someterían a la misma ley. No admitamos este grave retroceso de la Justicia, si queremos seguir viviendo en una democracia recuperada para siempre en nuestro país.

Maldonado es diputado nacional de la UCR-Chaco