El Presupuesto Participativo es una vieja cuenta pendiente de la Ciudad de Buenos Aires, ya que está previsto en el artículo 52 de su Constitución y en la Ley 70 de Sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público. Sin embargo, nunca se sancionó una ley que lo pusiera en marcha y regulara su funcionamiento.

Si bien con anterioridad fueron presentados en la Legislatura diversos proyectos para implementar este sistema de participación, ninguno de ellos llegó hasta el recinto para ser tratado por el pleno del Cuerpo; ahora, hace un par de semanas la legisladora del Pro, Raquel Herrero, ingresó una iniciativa sobre el tema y que según manifestara ante Parlamentario la misma, “espera encontrar un diálogo y consenso lo más amplio posible que facilite dar origen a una norma que establezca y profundice la participación de los vecinos”.

Desde del Pro sostienen que la iniciativa profundizará el proceso de descentralización que se inició con las Comunas y se avanzará en cancelar una deuda histórica de la Ciudad. De este modo -aseguran desde el oficialismo- estamos cumpliendo el deber que emana de la Constitución para profundizar la democracia y participación ciudadana en la elaboración del Presupuesto y, lo que es tan importante, es el control que se implementará para que realmente se ejecute, remarcaron desde el macrismo.

La propuesta del oficialismo porteño establece la participación de los vecinos en la discusión y elaboración de las partidas de Educación, Salud, Ambiente y Espacio Público, Seguridad, Cultura, Vivienda, Desarrollo Económico, Niñez y Adolescencia, Tercera Edad y Discapacidad.

De acuerdo con lo que dicta el proyecto de ley presentado, la participación vecinal tendrá origen en una serie de instancias de discusión, que se inicia a nivel comunal, los vecinos podrán participar en foros temáticos donde se empezarán a discutir las partidas de las áreas correspondientes. El Poder Ejecutivo presentará allí su anteproyecto de Presupuesto anual y, finalmente, luego de una serie de rondas de evaluación técnica entre Gobierno y las Juntas Comunales que representan a los vecinos, las propuestas que obtengan el visto bueno de ese encuentro serán girados a la Legislatura para su tratamiento.

Según se desprende de la iniciativa, el eje del análisis estará puesto en la forma de implementación del sistema de Presupuesto Participativo, específicamente en lo que se refiere a metodologías, modalidades y dinámicas de participación.

Cabe resaltar que los legisladores de los diferentes bloques que discuten este tema en la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, coinciden mayoritariamente en que el sistema no debe elaborar generalizaciones ni inferencias estadísticas en relación al proceso del Presupuesto Participativo como un todo, sino que debe tener como meta la descripción de una situación social particular (como lo es un estudio de caso), permitiendo, a partir de allí, reflexionar acerca de lo observado. Se menciona, asimismo, que los estudios en cuestión deben estar enfocados desde sus particularidades y especificidades, optando por cada uno de ellos, según la importancia que le asignan los vecinos de cada Comuna, en tanto ellos conforman barrios insertos en el marco de una política a nivel de la Ciudad, pero que tienen una experiencia concreta en cada uno de los lugares que forman parte del proceso.

Marco histórico

El surgimiento del Presupuesto Participativo se dio en el transcurso del 2002, en el marco de una gran crisis social, económica, política e institucional. Luego de los sucesos de diciembre de 2001, la crisis de legitimidad que sufre el sistema político en la Argentina desde hace años cobró mayor visibilidad, ante un gran nivel de movilización social que expresaba su repudio hacia la clase política, y reclamaba mayor participación y transparencia en la toma de decisiones y el manejo de los recursos públicos.

Además, dicha movilización social generó nuevos fenómenos de participación, como por ejemplo, las asambleas autoconvocadas. Fue en este contexto de fuerte pérdida de legitimidad, que el Gobierno de la Ciudad decidió poner en práctica el Presupuesto Participativo, contemplado en el artículo 52 de la Constitución de la Ciudad y los artículos 9 y 29 de la Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público.

En ese marco se conformó el Consejo Asesor, convocando a organizaciones que desde hacía años venían promoviendo este tipo de prácticas, como IDEP-ATE/CTA, Poder Ciudadano, Redes de Planificación Participativa y Gestión Asociada- FLACSO y CIPPEC.

Entre junio y julio de 2002 se implementó el Plan de Prioridades Barriales 2002, una experiencia piloto realizada en 16 foros de toda la Ciudad en la que se definieron prioridades que fueron ejecutadas en la segunda mitad del año. En julio de ese mismo año se inició el Presupuesto Participativo 2003, que contó con un mayor nivel de formalización.

Se conformaron 43 áreas barriales que sesionaron en comisiones temáticas y determinaron prioridades presupuestarias para el 2003. Por su parte el Consejo del Presupuesto Participativo, organismo colegiado que coordina el proceso, creado por resolución de la Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana del Gobierno porteño elaboró un reglamento que precisa su organización y funcionamiento. Al día de hoy, no cuenta con una ley que lo regule y establezca ciertas garantías para su mantenimiento en el tiempo.