El Ejecutivo promulgó la norma que establece el acceso por concurso al Poder Judicial y el régimen de exteriorización voluntaria en dólares, sancionadas el miércoles por la Cámara de Diputados.
La presidenta Cristina Kirchner promulgó las dos leyes sancionadas el miércoles por la Cámara de Diputados, a través de su publicación en el Boletín Oficial. Hablamos de la ley de blanqueo de capitales y la ley para el ingreso “democrático e igualitario” al sistema judicial.
La primera busca captar dólares no declarados que los argentinos tengan ahorrados ya sea en sus casas, en cajas fuertes o en cuentas del exterior para ser invertidos en la economía local, sin penalidades tributarias ni cambiarias.
Para eso autoriza al Ministerio de Economía a emitir el llamado “Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)” y “el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico”, en valor dólar, destinados “exclusivamente, a la financiación de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos”.
Además, habilita al Banco Central a poner en circulación el “Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN)”, en dólares y endosable, “como un medio para la cancelación de obligaciones” en la referida moneda extranjera.
Por su parte, la segunda establece el procedimiento de concurso público para ocupar cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público. La puesta en vigencia de esta medida se suma a otras cinco normas ya promulgadas por el Gobierno en el marco de la reforma judicial.
Ese conjunto de leyes incluyó la modificación del Consejo de la Magistratura que, además de ampliar su conformación de 13 a 19 miembros, estableció la elección a través del voto popular de los nuevos consejeros, aspecto que fue objetado judicialmente por sectores de la oposición, jueces, abogados y algunas ONGs.
El resto de las leyes aprobadas por el Parlamento y promulgadas por el Ejecutivo son las que establecen la regulación de las medidas cautelares en causas en las que el Estado o sus entes descentralizados son parte; la creación de tres nuevas cámaras de casación; la difusión de las resoluciones y acordadas de la Corte Suprema y de los tribunales de segunda instancia; y la publicidad de las declaraciones juradas de jueces y funcionarios públicos.
