EL senador nacional de Nuevo Encuentro Osvaldo López manifestó sobre el proyecto de ley de regulación de alquileres que presentó en el Congreso, que quiere que el proyecto avance “a pesar de que sabemos que los intereses que toca son intereses muy poderosos de las corporaciones inmobiliarias, que ven a la tierra y la vivienda como una mercancía”.

La iniciativa se vincula al derecho a la vivienda digna y a la equidad entre inquilino y locador, y trata de modificar y agregar algunos puntos a la actual legislación sobre esta materia, que se encuentra contenida en el Código Civil y la Ley 23.091. “Nosotros vemos que estos son derechos, y como tales deben ser garantizados para todos los habitantes de la Nación por igual”, aseguró López.

“Con esta Ley se trata de buscar un equilibrio en base a la consideración de lo que cada parte pone en juego, acotando los abusos de los locadores que, según la constatación histórica, son la parte prevaleciente, con el poder de imponer unilateralmente las condiciones que la parte débil del contrato sólo puede aceptar o rechazar, no pudiendo prácticamente discutirlas”, declaró el legislador fueguino.

Entre los aspectos principales que abarca la modificación que propuso el senador López figuran el precio del alquiler, ya que no hay pautas que lo orienten en la legislación actual, por lo que desde el bloque oficialista están “convencidos de que el precio del alquiler no debe superar un valor equivalente a la 180 parte del valor del inmueble que se alquila, eso para nosotros es innegociable”.

También se busca aumentar el plazo mínimo de dos años de duración del contrato de alquiler a tres años, basándose en la fundamentación de que “sabemos que, mas allá de que el inquilino no sea dueño de la casa que habita, es su vivienda y allí desarrolla un proyecto de familia y una inserción barrial y social, y todo esto forma parte de un proyecto de vida que merece tutela y protección”.

A su vez, también se quiere cambiar la comisión inmobiliaria para que no pueda exceder a un mes de alquiler y sea pagado, junto a todo gasto que surja de la firma del contrato, entre el propietario y el inquilino equitativamente, la renovación del contrato para que sea automática a menos que una de las partes se manifieste en desacuerdo.

Además el proyecto prevé la creación de la “dirección de viviendas alquiladas”, que deberá crear un registro público de contratos de locación en donde figuren todos los acuerdos firmados y que quedará a cargo del Ministerio de Planificación y que controlará el estado de los inmuebles en alquiler para asegurar las condiciones dignas, ya que “no hay ningún esquema legal vigente ni previsión de este tema”.