La respuesta brindada por el secretario de Obras Públicas para no informar lo que se le solicita fue considerada por los diputados radicales Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido como “tan burda que debe ser entendida como una lisa y llana negativa a cumplir con el derecho al acceso a la información pública”.
Los diputados Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido presentaron un amparo ante la negativa del Gobierno de dar información sobre las represas santacruceñas. El mismo, que quedó radicado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2, a cargo del juez Esteban Furnari, se presentó como consecuencia directa de lo que definieron como una “violación del derecho constitucional de acceso a la información pública”. Este derecho está garantizado doblemente por la Constitución Nacional, ya que es parte esencial de la libertad de expresión y a la vez está expresamente establecido en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), recordaron.
Gil Lavedra y Garrido aseguraron que “la negativa a entregar la información careció totalmente de razones o fundamento alguno, la Administración la negó en forma expresa, con un fundamento ilegal y manifiestamente arbitrario”.
El pasado 2 de agosto, el titular del bloque de diputados nacionales de la UCR y Garrido presentaron ante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios un pedido de acceso a la información (Dec 1172/03) para que el Ministerio de Planificación les brinde información sobre ciertos aspectos de la licitación de las represas “Presidente Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”.
La solicitud, tuvo respuesta a través de la nota SOP Nº 352/2013, que textualmente dice: “En primer lugar corresponde hacer saber a los peticionantes que el Reglamento General del Acceso a la Información Pública está dirigido a los ciudadanos, en su carácter de tal, que no cuentan con un acceso o vía especifica para requerir o solicitar información a la Administración Pública y sus dependencias… En tal sentido, en atención a que los requirentes resultan ser diputados nacionales existe un canal específico de comunicación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo”.
“Es decir, justifican su negativa en nuestra condición de diputados nacionales, olvidando no sólo que normas de raigambre constitucional nos amparan para acceder a dicha información, sino también que además de diputados somos ciudadanos que ejercemos nuestros derechos, carácter que expresamente invocamos al requerir la información que nos fuera negada. La respuesta del secretario de Obras Públicas es un ejemplo de cinismo de la peor especie y una afrenta a los más elementales principios republicanos”, denunciaron los legisladores.
