El diputado Walter Martello (CC-ARI) realizó declaraciones tras participar de la reunión del Consejo de Seguridad bonaerense que presidió el ministro Alejandro Granados. Martello cuestionó la ausencia de una autocrítica en lo que respecta a políticas de seguridad implementadas en el último tiempo y aseguró, “si los índices de Ezeiza aquí explicitados son reales, las policías municipales no tienen razón de ser, es la gran contradicción de este debate”.

Luego de la reunión del Consejo de Seguridad bonaerense, el presidente del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica-ARI cuestionó la falta de una mea culpa por parte del Ejecutivo provincial en materia de seguridad. “No hubo autocrítica, ni análisis de los fracasos y discontinuidades de las políticas de seguridad adoptadas en el último tiempo”, señaló Martello.

El legislador agregó que “está claro hoy más que nunca que de la propia descripción del plan de Granados en esta reunión no hace falta la municipalización. Si los índices de Ezeiza aquí explicitados son reales, el debate de las policías locales no tiene razón de ser, es la gran contradicción de esta discusión, donde faltó un párrafo al menos para la prevención social”.

“Hace tiempo que se viene diciendo que los delincuentes son cada vez más jóvenes, más pobres y menos instruidos. Sin embargo, hoy el ministro Granados no se refirió a medidas para evitar la profundización de esta tendencia. Así, Buenos Aires seguirá sin contemplar un ataque real a la pobreza y a la falta de educación. Es decir, allí donde deben garantizarse todos los recursos para mejorar la seguridad ciudadana en forma preventiva, el Estado seguirá sin llegar”, precisó.

Martello explicó que “en la provincia de Buenos Aires, la seguridad ciudadana nunca fue una prioridad en la agenda gubernamental y hoy se evidencia con la carencia de un programa integral diferente”. En este sentido, recordó que “estudiando la experiencia chilena en materia de seguridad, elevamos hace más de un año una propuesta de Seguridad Ciudadana que apunta a complementar la tarea de contención pública que se realiza desde el Estado dando participación a otros actores sociales, como ONGs, capacitados e interesados en las problemáticas de violencia y delitos”.