La iniciativa fue presentada en este caso por el diputado Alberto Asseff y corre para todos los cargos nacionales elegidos en las urnas.
Ante la reiterada reticencia de los candidatos a debatir, un diputado nacional de la oposición acaba de presentar un proyecto de ley denominado “de Debate Público y Obligatorio”, que se aplicaría a precandidatos y candidatos que se postulen a elecciones nacionales.
Una iniciativa similar fue presentada recientemente por el diputado del GEN Omar Duclos. En este caso el autor de la iniciativa es Alberto Asseff, quien propone modificar las leyes 19.945 (Código Nacional Electoral), 26.215 (Financiamiento de Partidos Políticos y Campañas Electorales) y 26.571 (Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral).
Según establece el proyecto, la obligatoriedad del debate público para los precandidatos y candidatos regiría para los distintos cargos electivos nacionales (presidente, vicepresidente, senadores, diputados, diputados del Mercosur y convencionales constituyentes), oficializados por las autoridades de la Justicia Electoral Nacional, en el que presentarán sus plataformas y propuestas electorales a la población con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado los programas de gobierno y legislativos de los partidos, frentes o agrupaciones políticas, en todo el territorio de la República Argentina.
El debate será de carácter público y obligatorio para todas las categorías electivas, tanto en las elecciones primarias, como en las generales y/o balotaje. Esta obligación recaería en la cabeza de las listas legislativas y de convencionales constituyentes. En el caso de elección presidencial estarán obligados a debatir ambos miembros de la fórmula.
E proyecto incluye hasta los temas a debatir, y la forma. Serían dos los debates que deberían estar espaciados en un mínimo de siete días y a no menos de diez días de la fecha del acto electoral.
La emisión televisiva de los debates establecidos sería asignada por la Junta Nacional Electoral a algunos de los canales de aire autorizados en la ciudades donde efectivamente se realizarán cada uno de los debates, por medio de la autoridad competente en la materia. Dicha señal será libre de acceso para el resto de los canales de aire, las señales de cable y los sitios de internet que operen en la República Argentina en toda su extensión territorial, así como el audio para todas las emisoras de radio.
El costo de la producción y difusión de los debates será solventado por el Poder Ejecutivo dentro de las previsiones de gastos electorales. La moderación correría por cuenta de un periodista elegido por sorteo, a partir de una lista de cinco profesionales acordada entre los candidatos, a propuesta de la autoridad de aplicación.
¿Y si un candidato no quiere debatir? Será sancionados con su exclusión de la competencia electoral y el partido político al que representen con la reducción del 50% en el otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual. La oficialización de los candidatos llevará implícito el compromiso de debatir.
