He sido testigo y participé directamente de estas tres décadas de democracia en nuestro país. Mi vida estuvo y está atada a este proceso. Formo parte de una familia que trabajó intensamente por la democracia y eso me brindó un modelo a seguir y transitar compromisos históricos desde muy joven. Todo esto influyó en mí para que, tanto desde posiciones ejecutivas como legislativas, vele fuertemente por la aplicación y desarrollo de las leyes que reafirmaron y consolidaron la democracia.

La última dictadura militar fue una etapa oscura, marcada a sangre y fuego por el dolor, el miedo y la pérdida de tantos familiares, amigos y conocidos. Esto hay que decirlo con firmeza y claridad. Una de nuestras tareas como padres, primero, y como dirigentes políticos responsables, en segundo lugar, es explicarles a nuestros hijos por qué hay que defender y cuidar la democracia. Tenemos que explicarles que sin memoria no hay verdad y que sin verdad no hay justicia que pueda perdurar en el tiempo.

En ese contexto, la Guerra de Malvinas fue el episodio trágico y doloroso que estableció una bisagra en la historia previa al regreso de la democracia. La utilización de la guerra para “unificar” al país fue el último intento fallido de la dictadura de perpetuarse en el poder.

Volver a nacer

Es fácil entender entonces por qué la recuperación de la democracia fue como “volver a nacer” para todos los argentinos. En ese clima de fiesta compartido recuperamos la capacidad de ser personas plenas: capaces de pensar libremente, de opinar libremente, de ejercer nuestras profesiones libremente, de disentir libremente. En síntesis, recuperamos nuestra capacidad irrenunciable de ejercer los derechos.

Debemos destacar de la etapa de gobierno de Raúl Alfonsín, el juicio a las Juntas. Esa experiencia de enjuiciamiento estableció un precedente histórico en la Argentina, en América latina y en el resto del mundo, donde por lo general los golpes de Estado siempre habían concluido con impunidad.

El legado más importante de esos años se resume en logros institucionales: consolidar el proceso democrático, afirmar la división de poderes, asegurar la permanencia de la República y respetar la Constitución Nacional. A partir de la recuperación de la democracia en 1983, los políticos y los ciudadanos argentinos comenzamos a entender y a defender públicamente el principio de la división de los poderes que marcó el desarrollo de las democracias occidentales modernas desde que Montesquieu los formulara en 1748. Esa concepción del Estado, que en sus orígenes se identificó con el nacimiento de República y animó la primera etapa de la Revolución Francesa, se ha instalado en nuestro país de forma definitiva y se ha consolidado a lo largo de estas tres décadas de democracia ininterrumpida.

Pese a eso, el año 1989 fue brutalmente adverso al gobierno e impactó de lleno en toda la sociedad argentina. Recordemos que el gobierno nacional afrontaba de forma simultánea crisis estructurales en distintas áreas del Estado y que el estallido de la hiperinflación, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la constante remarcación de precios y la compra compulsiva de dólares por parte de los especuladores eran moneda corriente. Ese fue el escenario de las elecciones presidenciales que se realizaron el 14 de mayo de ese año.

Detener la hiperinflación

Y ese también fue el escenario en que Carlos Menem llegó al poder luego de que Alfonsín adelantara la entrega del bastón presidencial.

El gobierno de Carlos Menem debió por entonces estabilizar al país en términos económicos y políticos mediante una serie de iniciativas para detener la escalada hiperinflacionaria. El segundo eje de su gobierno fue la apertura y la liberación del comercio que en el futuro dejarían desprotegida a la industria nacional y con claros problemas de competitividad. Estos fueron dos factores decisivos en la disparada de las cifras de desempleo a fines de los años 90.

El tercer aspecto central de esa etapa fue la reforma del Estado, expresado en una política sistemática de privatizaciones de empresas estatales con el fin de reducir el gasto público, establecer un orden fiscal y utilizar los ingresos obtenidos por la venta de las compañías para pagar la deuda externa. Esta filosofía del Estado ausente fue absolutamente desafortunada para los intereses nacionales en áreas clave de la gestión pública.

Por otro lado, la política de liberalización económica y apertura comercial implementada en esos años tuvo duras consecuencias para la Argentina. Las sucesivas crisis internacionales generaron serias dificultades internas y provocaron que los sectores más vulnerables de la sociedad fueran también los más perjudicados.

Falta de mando

Después de dos gobiernos consecutivos de Carlos Menem y que en el medio tuvo una reforma de la Constitución incluida, la llegada de Fernando De la Rúa al poder estuvo marcada por un ánimo de revanchismo político. La Alianza fue, de hecho, un gobierno circunstancial que reveló cuán fácil es ser oposición en la Argentina. Sin ánimo de subestimar ni faltarle el respeto, es fácil limitarse a observar y criticar lo que hacen otros.

El gobierno de la Alianza transmitió, en cambio, una sensación de incertidumbre y de no saber qué desafíos enfrentaba el país. La falta de mando y decisión política era notoria y las contradicciones eran moneda corriente.

Pero, en rigor de verdad, el fracaso político de la Alianza fue también un fracaso del sistema de partidos que por esos años estaba muy cuestionado y debilitado recordando que la alternancia política es, sin duda, el signo más saludable en cualquier sistema republicano y federal.

Esa sensación de confusión generalizada, sumada a la parálisis económica que afectaba la vida diaria de millones de argentinos, concluyó indefectiblemente en una tremenda crisis, tal vez la mayor desde que habíamos recuperado la democracia.
Todo esto sucedió en la Argentina, no hace tantos años. También sobre ese pasado reciente debemos tener la memoria fresca porque sólo ella nos impedirá cometer los mismos errores en el futuro. Y debemos recordar cuán peligroso fue el sentimiento colectivo de rechazo al sistema democrático expresado en el famoso lema “que se vayan todos”.

Ahora bien, es bueno reafirmar que durante todo ese duro proceso de transición, jamás estuvieron en juego las Instituciones.

Después del caos social y económico posterior al estallido de la crisis de 2001 y de la transición que llevó adelante el presidente Eduardo Duhalde, se llamó a elecciones y asistimos a un ballotage en el que Carlos Menem se bajó de su candidatura y proclamó de esa manera a Néstor Kirchner como nuevo presidente.
Punto de inflexión

La llegada de Kirchner a la presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003, con el 22% de los votos, fue un punto de inflexión en la historia política de la Argentina. Aunque parezca una paradoja, su elección en esas condiciones tan difíciles significó luego la reconstrucción de la autoridad presidencial, el fortalecimiento de las Instituciones, la recuperación del debate político y la convocatoria a la militancia activa de los jóvenes.

Néstor Kirchner se propuso llevar adelante una reforma y una serie de medidas urgentes, de la cual personalmente como legisladora tuve el compromiso y la responsabilidad de acompañar. En ese contexto, la política de desendeudamiento externo fue sin duda una de las más importantes de su gestión, marcada además por el crecimiento económico sostenido durante los últimos diez años y la aplicación de políticas sociales que mejoraron la vida de millones de argentinos.

En el frente institucional, acompañé el proyecto que removió a los miembros de la “mayoría automática” de la Corte Suprema y que en su lugar se nominó a figuras de reconocimiento mundial.

En materia de Derechos Humanos, una política firme marcó el final de un período de impunidad durante el que se había indultado a toda la cúpula militar.

Desde el punto de vista social, el aumento del producto bruto y el descenso del desempleo estuvieron acompañados por políticas específicas con fines redistributivos, que produjeron un marcado descenso de la pobreza. La implementación de la Asignación Universal por Hijo permitió ampliar los derechos y la base de sustento social.

La sanción de la ley de cupo femenino marcó un antes y un después en el ejercicio real del poder. No es casualidad que nuestra actual presidente de la Nación sea una mujer y que haya sido reelegida con el 54% de los votos. Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en la primera mujer reelecta de América latina luego de haber obtenido la mayor cantidad de votos desde el retorno de la democracia en 1983.

En estas tres décadas hemos aprendido que la democracia no es algo estático sino una construcción permanente, que necesita ser resignificada todos los días. La Argentina actual es una democracia plena en términos institucionales aunque todavía estamos aprendiendo a ser democráticos en el ejercicio de nuestras opiniones y tolerancia y en el respeto a la vida pública colectiva. Si tuviera que sintetizar estos 30 años de democracia en la Argentina en una frase, sólo me quedaría decir: gracias, al gran pueblo argentino, salud.