Es por presunto incumplimiento en sus deberes como funcionario público.
El Observatorio Internacional de Prisiones a través de su presidente, Graciela Dubréz, presentó en la Fiscalía General, Departamento Judicial La Plata, una acción penal contra el gobernador Scioli por el delito de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público al “no haber garantizado el derecho humano de seguridad que solicitaron los vecinos del barrio La Cárcova, inacción que provocó el asesinato de un niño de 13 años que fue víctima del fuego cruzado de dos bandas de narcotraficantes”.
El diputado provincial Ricardo Vago del Partido Socialista en el Frente Progresista Cívico y Social compareció ante escribano público el 14 de diciembre de 2012 y declaró que “en su labor de protección y promoción de los derechos humanos tomó conocimiento el 8 de octubre de ese año del grave problema de seguridad que padecen los habitantes del Barrio La Cárcova en José León Suárez. Que los vecinos manifestaron que sólo tenían confianza en la Gendarmería Nacional para la preservación de la seguridad pública en el barrio”.
Ese documento estuvo acompañado por 425 personas del barrio, con aclaración de nombre, apellido y documento de identidad. El legislador acompañó de esa forma la acción impulsada por la presidente del Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina, organismo reconocido por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Vago llevó el petitorio a la Legislatura provincial, donde obtuvo el acompañamiento de la Cámara de Diputados para la declaración aprobando la “solicitud dirigida al Poder Ejecutivo Provincial, encabezado por el gobernador Daniel Scioli, para que realice las gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la Nación y se incremente el número de gendarmes en el Barrio La Cárcova”.
Ese requerimiento de los habitantes, canalizado a través del Observatorio Internacional de Prisiones y del diputado provincial Ricargo Vago, “no fue atendido por el señor gobernador Scioli, ya que sólo se limitó a enviar 6 gendarmes más para una población calculada en más de diez mil personas”.
Lo que Vago define como “inacción ejecutiva” tuvo una brutal consecuencia. En octubre del presente año dos bandas de narcotraficantes se enfrentaron en La Cárcova provocando el crimen de un niño de 13 años. Este es uno de los argumentos que fundamenta la denuncia penal contra el gobernador Scioli, sumado a otros dos elementos.
El primero señala que la Policía Bonaerense, contando con los datos de los autores del asesinato, no produjo las detenciones correspondientes. El segundo es más grave aún, hasta la fecha de la presentación judicial, el 28 de noviembre pasado, “el Gobierno provincial no hizo nada para responder al derecho humanos de los habitantes de La Cárcova que quieren vivir con seguridad. Es preciso agregar que como consecuencia de la impotencia ante el desamparo los pobladores emprendieron una violenta protesta que culminó con la quema de la comisaria y los elementos estratégicos, tales como patrulleros y demás logística por esto desde el Observatorio Internacional de Prisiones consideran “que el erario público debe reponer los elementos dañados”.
La Comisión Directiva del Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina asentó la denuncia penal, sin prejuicio de presentar una acción de amparo u otro instrumento jurídico si considera conveniente al caso.
