Por Gonzalo Palese

El convenio entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional sobre el dinero proveniente de las casas de juego instaladas en la Capital Federal está vigente desde el 2003. El sello que inició el acuerdo, que aún sigue vigente fue firmado en octubre de 2003 por el entonces, jefe de Gobierno Aníbal Ibarra y el expresidente de la Nación Néstor Kirchner.

Ese año se acordó que lo producido por las casas de apuestas se dividía entre el Instituto de Juegos y Apuestas porteño y Lotería Nacional; este último entregaba la concesión a un privado quien lo regenteaba en nombre del Estado.

Actualmente, de cada 100 por ciento de facturación, 90 van a premios y el 10 por ciento restante se distribuye en un 70 por ciento para el concesionario y el otro 30 para la Nación, eso es lo que hoy divide Nación y Ciudad, el 30 por ciento.

Para justificar el acuerdo, desde el Pro sostienen que el motivo de los cambios en el convenio impulsados por Mauricio Macri es modificar ese porcentaje y aumentarlo para que la Ciudad perciba más ingresos de parte de las ganancias que reciben el Casino Flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo.

En concreto, Lotería Nacional en vez de girarle al Instituto del Juego Porteño el 35 por ciento de lo que recauda en Palermo y en el Casino flotante, le transferirá el 50 por ciento. Además, las empresas pagarán un canon adicional de tres por ciento, calculado sobre la recaudación neta de máquinas y mesas de juego.

Ese proyecto ingresó a la Legislatura en la semana previa al recambio legislativo y rápidamente fue introducido en el temario de la sesión especial que se llevó a cabo el 9 de diciembre, justo un día antes de la fecha en la que los legisladores electos ingresarían al recinto porteño y otros egresarían. El proyecto fue aprobado en la sesión, donde también se definieron quienes serían los diputados que ocuparían cargos en los organismos autónomos de la Ciudad, como la Defensoría del Pueblo y el Ente Regulador de Servicios de Públicos, entre otros. Según varios legislados opositores, todo se hizo en un “gran manto de sospecha”.

El temor al no apoyo de la “nueva Legislatura” a esta iniciativa fue tan fuerte que desde la jefatura de Gobierno se pidió que se sancione sí o sí ese lunes con la conformación que entró en el 2009. Efectivamente, gracias al acompañamiento del Frente para la Victoria, el Pro logró aprobar el proyecto.

Visiones contrapuestas

Pero, llamó la atención la poca repercusión que tuvo en el recinto a la hora de ser tratado. Fueron muy poco los legisladores que tomaron la palabra y el debate no existió. Para defender la medida se anotó Helio Rebot por el oficialismo y sólo algunos legisladores opositores pidieron explicaciones o reprocharon la medida. Fue el caso de Antonio Campos de la UCR y Fernando Sánchez y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

Más adelante, las voces críticas volvieron a escucharse luego de la renovación legislativa y una semana después de la aprobación de la addenda (cambios en el convenio). El frente UNEN presentó el miércoles 18 de diciembre un proyecto de ley pidiendo la “nulidad” de dicho convenio y mostrando su rechazo ante las modificaciones.

UNEN exigió la anulación porque creía incorrecto que el Gobierno de la Ciudad “le perdone” la deuda en millones, en concepto de Ingresos Brutos, a las casas de juego y apuestas, ya que consideran que la deuda con el fisco porteño es millonaria.

Pero el Pro se basa en el argumento de que es imposible que la Ciudad cobre ese tributo debido a que hay una problema “jurisdiccional” que hace impracticable la cobranza de los Ingresos Brutos. Es decir, al estar bajo la órbita de Nación el Casino Flotante y las máquinas tragamonedas, la administración no podría percibir dinero por parte de ese tributo. Pero sí, como se explicó antes, recibe un dinero del producido, al igual que lo hace el Gobierno nacional, por medio del Instituto del Juego porteño y Lotería Nacional , respectivamente.

En esa línea se manifestó el legislador del Pro y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Helio Rebot. “Mientras dure el convenio no se pueden hacer reclamos jurisdiccionales. Entonces, cuando se votó Ingresos Brutos yo dije que era un grave error, porque no lo íbamos a poder cobrar. ¿Quiénes pudieron cobrar Ingresos Brutos al juego en la Ciudad? Nadie. Ni Ibarra, ni De la Rúa, ni Telerman, ni Mauricio Macri porque la Justicia Federal siempre resolvió a favor de los concesionarios”, expresó.

Pero, desde UNEN, insisten con que el armado del convenio debió haber sido otro y que la “decisión del Pro” de no cobrar el impuesto en cuestión es perjudicial para la Ciudad y sus vecinos.

Así se expresó el diputado porteño de la Coalición Cívica y vicepresidente 3° de la Legislatura, Maximiliano Ferraro, quien aseguró que “el Gobierno de la Ciudad pretende que el distrito renuncie a unos 1500 o 2000 millones de pesos que Cristóbal López le debe a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de Ingresos Brutos”.

Pero, además, Ferraro planteó que la addenda es “inconstitucional” porque “no se hizo el procedimiento de doble lectura que es una excepción al régimen general que está establecido en nuestra Constitución y una facultad indelegable que tiene esta Legislatura que es la de fijar futuros y actuales tributos y, más aún, en materia de juego”.

Sin embargo, el Pro entiende y continúa argumentando que tal situación es imposible porque eso ocasionaría una “violación” al convenio vigente desde hace diez años. “No sé de dónde interpretaron que nosotros podemos reclamar Ingresos Brutos sin romper el convenio que tenemos vigente”, evaluó Rebot.

Pero, en cuanto al cuestionamiento de UNEN acerca de que el proyecto de addenda es de doble lectura, el diputado macrista aseguró que “no es así” porque “todos los años votamos excepciones a la normativa de ingresos brutos y modificaciones y no lleva doble lectura, y lo que sí lleva son las extensiones a los regímenes generales de materia de edificación, de código de habilitaciones”. Luego agregó que solamente esas modificaciones “requieren 31 votos como dice la Constitución de la Ciudad”.

Así las cosas, el silencio durante la sesión del 9 de diciembre fue significativo. Los rumores de un “acuerdo” o “pacto”, tal como lo describieron algunos opositores, sonaron fuerte ese lunes por la noche debido a que la discusión fue casi nula dentro del recinto.

Es más, el apoyo casi total (sólo no acompañó la legisladora María José Lubertino) del Frente para la Victoria al proyecto propuesto por el jefe de Gobierno levantó un poco más las sospechas. Algo que llevó a Ferraro a afirmar que la aprobación “tiene que ver con el intercambio de amigos entre Bolívar 1 y Balcarce 50 que es el caso de Cristóbal López, Nicolás Caputo, los hermanos Calcaterra y con los que ambos gobiernos tienen intereses”.

“Me parece que esto es lo que traduce este renunciamiento que hizo la Ciudad de Buenos Aires a su autonomía, a cobrar lo que adeuda Cristóbal López y a la posibilidad de fijar tributos en el futuro vinculado al juego que, a su vez, resulta irrisorio que le cobremos al juego lo mismo que le cobramos a un pequeño y mediano comerciante en la Ciudad que es el tres por ciento”, retrucó.

Por su parte, Rebot se distancia de las teorías conspirativas y de las acusaciones opositoras, y, en cambio, prefiere hablar de aspectos “contaminantes” que están presentes en el convenio desde su inicio en 2003. “Siempre hay lecturas intencionadas y hay muchos contaminantes, pero si nosotros sacáramos del medio la discusión de quienes son los concesionarios por un instante, la discusión sería si el convenio es bueno o es malo”, analizó.

Y luego defendió la propuesta macrista: “El convenio, en sí mismo, para la Ciudad es bueno porque ha representado en los últimos diez años más 1500 millones de pesos en valores nominales que son cerca de 3000 a valores actualizados”.

Pero insistió con que “uno de esos contaminantes de la discusión es que Cristóbal López es parte de la concesión entre Nación y Cirsa pero bueno, Cristóbal López no ganó una licitación hecha por la Ciudad de Buenos Aires, no es concesionario nuestro, no es socio nuestro, es socio de la Nación”.

“La verdad que la discusión que tenemos que tener como vecinos de la Capital es si vamos a dejar que Nación se quede con la plata de la Ciudad o vamos a reclamarle a la Nación la parte de la Ciudad. El día que haya posibilidad de licitar en la Ciudad y que tengamos todo el control del juego, veremos si López es concesionario nuestro o no lo es”, concluyó Rebot.