Con la agenda marcada por el Poder Ejecutivo y el bloque oficialista, la Cámara de Diputados sesionó 11 veces en 2013, con debates picantes y sobre todo, extensos. Se sancionaron 29 leyes. En agosto y octubre, el trabajo legislativo se vio resentido por las elecciones. El balance.
Un año con pocas sesiones, pero intensas. Ese es el balance general que tanto legisladores como periodistas parlamentarios realizan sobre 2013 en ambas cámaras del Congreso. Claro está, la actividad parlamentaria pasó a segundo plano entre mediados y fin de año, en meses dedicados a las campañas electorales. Pero ni las PASO de agosto ni los comicios de octubre impidieron el avance de muchos proyectos más que relevantes, sobre todo para el Gobierno nacional. Ni que hablar de las sesiones, que en muchos casos se extendieron por más de diez horas. A pesar de ello, la cantidad de reuniones mermó de manera considerable, y se mantuvo una tendencia que venía desde la renovación de 2011: el Poder Ejecutivo y el bloque oficialista siguieron imponiendo la agenda legislativa.
En total, la Cámara de Diputados sesionó en 11 oportunidades. Fueron cuatro sesiones ordinarias y seis especiales, además de una extraordinaria en febrero, que en rigor corresponde al período 130º. Así se desprende de un relevamiento de Semanario Parlamentario en base a datos oficiales de la Cámara baja. Fueron nueve debates menos que en 2012, cuando el Cuerpo que preside Julián Domínguez se reunió en 19 oportunidades, con 11 sesiones especiales, 7 ordinarias y una extraordinaria.
El conteo de este año, claro está, no incluye las dos sesiones que hubo en minoría, la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo ni tampoco la sesión preparatoria en la que juraron los diputados electos. Por otra parte, a diferencia del año pasado, no hubo sesiones informativas. Juan Manuel Abal Medina, quien fuera jefe de Gabinete hasta noviembre, no concurrió a la Cámara de Diputados, lo cual le valió una denuncia penal por parte del diputado del GEN Omar Duclós. Tampoco lo hizo hasta ahora su sucesor, Jorge Capitanich, quien sin embargo se comprometió en reiteradas oportunidades a intensificar el diálogo con el Congreso. Tan es así, que en 2014 no sólo podría asistir al Parlamento a brindar el informe del rumbo de la gestión, sino que también podría participar de algunos debates parlamentarios, con voz y sin voto, tal como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 100. Hasta ahora, ningún jefe de Gabinete lo hizo.
Hasta el receso de invierno y a menos de un mes de las PASO, Diputados había sesionado casi la mitad de veces que el año pasado. La Cámara se reunió en siete oportunidades desde la inauguración de sesiones ordinarias, en comparación a igual período de 2012, cuando había sesionado en 13 ocasiones.
Sin embargo, no fue malo el promedio de proyectos que avanzaron este año en la Cámara baja. Según datos oficiales, 29 iniciativas obtuvieron sanción definitiva y 43 fueron comunicadas al Senado, con media sanción o modificaciones. A su vez, se aprobaron nada menos que 40 proyectos de resolución y 12 de declaración. Si se cuenta desde 2011, cuando comenzó la gestión de Domínguez, fueron 301 los proyectos de ley aprobados: 93 convertidos en ley y 208 girados a la Cámara alta.
De Balcarce 50
El mes de febrero encontró a los diputados adelantando el fin de sus vacaciones y regresando a la Ciudad de Buenos Aires antes de lo pensado. El memorando de entendimiento con Irán para destrabar la causa por la voladura de la AMIA en 1994, anunciado por el canciller Héctor Timerman, derivó en un llamado a sesiones extraordinarias. El acuerdo habilita a las autoridades judiciales argentinas a “interrogar” en Teherán a cinco imputados iraníes sobre los que pesan órdenes de captura internacional, acusados de estar vinculados con el ataque. Pese a la urgencia, el país islámico demoró su tiempo en avalar el convenio, que aún no mostró avances concretos. Lo cierto es que se trató de una ley fuertemente repudiada por la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), además de ganarse el rechazo de todo el arco opositor.
Pero el acuerdo con Irán es sólo un ejemplo de una tendencia que se repite: el gran porcentaje de leyes que tienen su origen en la Casa Rosada. Entre los proyectos más controvertidos del oficialismo, sin dudas, figura el paquete de leyes para “democratizar” -o “domesticar”, según la oposición- al Poder Judicial. Fue tras un fallo adverso al Gobierno en la causa por la Ley de Medios que la presidenta Cristina Fernández se propuso hacer cambios en la Justicia y envió al Congreso un paquete de seis proyectos.
La elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura fue la insignia de las modificaciones que pretendía el Gobierno, luego frustrada por la misma Corte Suprema, que declaró la inconstitucionalidad de la reforma luego de una catarata de recursos presentados por representantes de jueces y abogados. Así, el Máximo Tribunal rechazó que fueran elegidos por el pueblo los integrantes del órgano que designa y remueve jueces, que el Gobierno también pretendía aumentar de 13 a 19. “La ley resulta inconstitucional en cuanto rompe el equilibrio al disponer que la totalidad de los miembros del Consejo resulte directa o indirectamente emergente del sistema político-partidario”, argumentaba el fallo, que terminó de enterrar una ley sancionada en una violenta madrugada que culminó entre gritos, botellazos y polémicas.
También estuvieron entre las leyes más cuestionadas el límite a las medidas cautelares contra el Estado y la creación de tres nuevas cámaras de Casación, que para la oposición terminarán dilatando los pleitos judiciales. Cierran la lista la publicación online de las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado y de todos los fallos de la Justicia, y el ingreso por concurso al Poder Judicial. Los proyectos fueron sancionados en abril, uno de los meses más pesados en labor parlamentaria, y le demandaron dos sesiones a cada cámara.
Pero el Ejecutivo no se detuvo ahí y siguió enviando leyes al Parlamento. El bloque del Frente para la Victoria, firme en su disciplina, se obstinó en que la sanción de la esas normas no demorara más de dos semanas.
En mayo, la Cámara de Diputados sancionó el blanqueo de capitales no declarados, que buscaban ser canalizados a YPF, al sector inmobiliario y de la construcción. La operación -prorrogada ahora hasta abril- no tuvo el éxito esperado y los propios funcionarios debieron admitirlo: al mes de octubre, habría sumado menos del 10 por ciento del monto esperado por el Gobierno.
Septiembre fue otro de los meses agitados en el Congreso. Curiosamente, un mes dedicado casi por completo a cuestiones económicas, que en su totalidad fueron iniciativas del Gobierno: los cambios en el Impuesto a las Ganancias, la tercera reapertura del canje de deuda, el Presupuesto 2014 y un paquete de leyes que incluyó la prórroga de la Emergencia Económica y del Impuesto al Cheque. De ese grupo de proyectos, sólo la reestructuración de títulos públicos -en el marco del litigio con los fondos buitre- contó con apoyo opositor. Por otra parte, con la “ley de leyes”, el kirchnerismo batió su propio récord: logró sancionar el proyecto más temprano que nunca desde 1993. En 2012, el Senado lo había convertido en ley el 31 de octubre; este año, lo hizo el 9.
Ya después de las elecciones, con el camino allanado para el trabajo legislativo, el Código Civil y Comercial se convirtió en el tema del momento. Si bien el proyecto aún no pasó por la Cámara baja, una ley especial excluida del texto original avanzó rápidamente antes de terminar el año: fue aquella que regula la responsabilidad civil del Estado. El proyecto fue rechazado con énfasis por todo el arco opositor, que acusó al kirchnerismo de querer “proteger” a funcionarios involucrados en distintas causas. Los diputados advirtieron que el ciudadano vería limitado su derecho de demandar al Estado por la vía administrativa, pero el oficialismo aseguró que el proyecto que recogía una vasta jurisprudencia para derivar los casos a este fuero.
El último proyecto del Ejecutivo que vio la luz en 2012 fue el aumento de los impuestos a bienes suntuarios como autos de lujo, embarcaciones y aeronaves. Con la ley, que Diputados aprobó en la madrugada del 28 de noviembre, el Gobierno busca paliar una evidente caída de divisas. La oposición votó dividida, entre el rechazo y la abstención.
Acuerdos y consensos
Claro que no todos los proyectos que avanzaron este año fueron por iniciativa del Frente para la Victoria. Si bien fue el bloque mayoritario el que impuso la agenda, la oposición logró inmiscuir algunos temas consensuados, muchos de ellos relevantes en materia social.
De hecho, la Cámara de Diputados abrió el período ordinario con la sanción unánime de un nuevo Régimen de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares, que iguala a las empleadas domésticas a cualquier trabajador contratado. La norma les reconoce beneficios relativos a jornadas de trabajo, indemnizaciones, licencias y protección del trabajo de menores.
Otra norma que contó con amplio apoyo de todo el arco político fue la creación de un programa de “promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas”, más conocido como “bullying”. Se trata de una norma que busca prevenir las situaciones de violencia escolar -cada vez más frecuentes- a través de ciertas instancias de participación de la comunidad educativa.
Las organizaciones de la sociedad civil también jugaron un papel fuerte este año. Así fue como, bajo presión, la Cámara baja sancionó dos viejas deudas del Congreso: la ley de Fertilización Asistida y la creación de un registro de ADN para violadores. La primera, fogoneada por ONGs como Concebir y Sumate a Dar Vida, le garantiza a las parejas que no pueden tener hijos la cobertura integral de los tratamientos por parte de obras sociales y empresas de medicina prepaga. La segunda, de larga data en el Parlamento, cobró impulso a partir del caso del asesinato de Ángeles Rawson. La ley permitió crear un banco de datos genéticos para condenados por sentencia firme por abuso sexual. Ambas normas hubieran sido sancionadas por unanimidad de no ser por el voto en contra de un diputado en cada caso: el sindicalista de Comercio Julio Ledesma fue el único que rechazó la ley de Fertilización Asistida, mientras que la monobloquista Marcela Rodríguez se opuso a la creación del registro de violadores.
Las modificaciones a la ley de diabetes fueron el eje de otro proyecto reactivado por las organizaciones que dormía en los cajones del Congreso. La ley sancionada por Diputados garantiza ahora la cobertura y actualización integrales de los tratamientos farmacológicos y tecnológicos para quienes padecen esta enfermedad.
La agrupación kirchnerista La Cámpora se alzó con dos proyectos en 2013. Uno de ellos fue convertido en ley, y busca fomentar la creación y el funcionamiento de centros de estudiantes en todo el país, tanto en instituciones públicas como privadas. La iniciativa, promovida por el líder del espacio, Andrés “Cuervo” Larroque, obtuvo sanción el 3 de julio en el Senado. El otro proyecto, con media sanción de Diputados, busca habilitar los trámites bancarios de las cuentas sueldo en todas las sucursales del banco donde está radicada, ya que hoy en día hay trámites que solo pueden realizarse en la sucursal donde fue registrada dicha cuenta.
Al menos dos declaraciones importantes fueron aprobadas el año pasado. Una de ellas rechazó el referéndum promovido por Gran Bretaña en las Islas Malvinas en el mes de marzo, para conocer si los isleños estaban a favor de seguir siendo “británicos”. Diputados tildó de “ilegal” la maniobra, ya que la ONU advirtió que el conflicto por las islas debe resolverse de manera bilateral.
La otra declaración aprobada por el Cuerpo tuvo como eje del beneplácito al papa Francisco. A mediados de marzo, la elección del entonces cardenal Jorge Bergoglio al frente de la Iglesia Católica sorprendió a la Cámara de Diputados rindiéndole un homenaje al fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez. “Hay papa y es argentino”, anunció sonriente Julián Domínguez, ferviente católico, aunque la euforia no se replicó en el recinto. Al menos entre los diputados oficialistas, que miraban con cierto recelo la noticia, en sintonía con la “enemistad” entre el nuevo papa y el Gobierno nacional. De modo que la sesión siguió su curso normal, mientras algunos diputados opositores reclamaban un cuarto intermedio para poder presenciar por televisión aquel hecho histórico. Ocho meses después, la Cámara baja dio luz verde a la creación de una moneda en homenaje a Francisco.
Amplio apoyo tuvo el resarcimiento a ex presos políticos, otro de los temas importantes del año. Diputados sancionó una reparación económica propuesta por Juan Carlos Díaz Roig (FpV) para quienes fueron privados de su libertad durante la última dictadura.
Por último entre los proyectos consensuados cabe mencionar la media sanción que obtuvo la creación del Instituto Nacional del Folklore (INAF), un organismo que estaría destinado a incentivar distintas expresiones artísticas nacionales, como danza, música, poesía, artesanías, gastronomía y literatura.
Maratón de proyectos
Como suele suceder, la última sesión ordinaria del año incluyó un temario tan extenso que hasta algunos diputados se mostraron desconcertados al momento de votar los paquetes, entre números de expediente y Órdenes del Día. En la madrugada del 28 de noviembre, el Cuerpo que preside Julián Domínguez aprobó un total de 70 proyectos, entre leyes, resoluciones y declaraciones de todo tipo.
La lista incluyó, por ejemplo, la autorización a la presidenta para ausentarse del país en 2014, y a la entrada y salida de tropas militares. En el rubro salud, obtuvo sanción un régimen que promueve la donación de órganos y material anatómico para trasplantes.
Diputados también aprobó una serie de beneficios para trabajadores contratados, propuestos por Héctor Recalde (FpV), sobre reducción de la jornada laboral, notificación del despido, suspensiones e irrenunciabilidad de privilegios.
Otro proyecto convertido en ley de manera unánime fue la ampliación del acceso a la telefonía móvil para personas hipoacúsicas. Mediante la norma, las empresas deberán comercializar equipos especiales para personas con problemas de audición y brindar el servicio de telefonía en igualdad de condiciones al servicio convencional.
En el año que se fue, el kirchnerismo también dejó las puertas abiertas para que el Senado declare “Monumento Histórico Nacional” al Parque Lezama. Un proyecto no exento de polémicas: todos los diputados porteños de la oposición votaron en contra de la iniciativa, al considerar que se trata de un “embate” contra el Gobierno de la Ciudad, que actualmente emprende una serie de obras en el predio.
Mayor consenso tuvieron otros proyectos que también avanzaron aquella madrugada del 28 de noviembre. Por ejemplo, la Cámara baja convirtió en ley un proyecto que endurece las penas por accidentes de tránsito, contemplando agravantes más duros por consumo de alcohol. El Cuerpo también aprobó la regulación del ejercicio profesional de musicoterapeutas y terapeutas ocupacionales.
La lista concluye con una ley no menor: el primer Digesto Jurídico, una cuenta pendiente desde la reforma constitucional de 1994. Tras varios intentos fallidos, la Cámara baja aprobó la iniciativa, que implicó un trabajo de depuración de la legislación vigente desde 1852. Fue el fruto de una ardua labor mancomunada entre el Sistema Argentino de Informática Jurídica (SAIJ) y la Dirección de Información Parlamentaria del Congreso, que dejaron en pie menos del 10 por ciento de las normas existentes.
Manifestaciones en minoría
El reglamento de la Cámara baja establece que los legisladores pueden sesionar en minoría, pudiendo expresarse pero no votar. Así lo hicieron diputados de la oposición en dos oportunidades, en las que ni el oficialismo ni sus aliados se prestaron al quórum.
En la primera, a fines de mayo, la sesión especial convocada por Victoria Donda (Libres del Sur) para tratar la despenalización del aborto reunió apenas 10 legisladores. Días después, Víctor De Gennaro (Unidad Popular) convocó a sus pares para tratar los proyectos sobre salario mínimo, asignaciones familiares, 82 por ciento móvil, mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y seguro de desempleo. Asistieron 43 diputados.
