Una semana después de que la Corte Suprema de Justicia le pidiera a la Casa Rosada que incluya a Canal 13 en el reparto de la publicidad oficial, el interbloque de diputados nacionales del Frente Renovador presentó un proyecto de ley con el propósito de terminar con el sistema de “premios y castigos” a los medios de comunicación del que aseguran se vale el Gobierno.

Allí el massismo le pegó el Ejecutivo por “beneficiar” a los medios aliados con publicidades oficiales y de “extorsionar” o “castigar” a los medios opositores excluyéndolos del reparto.

Por eso explicaron que el proyecto establece criterios “objetivos” para regular la producción, contenido, gasto, contratación y distribución de la pauta oficial, para lo cual somete el 75 por ciento a un régimen estricto para evitar repartos discrecionales.

“A lo largo de los últimos 10 años hemos asistido a un reparto discrecional y abusivo de la publicidad oficial, beneficiando a determinados medios y perjudicando a otros”, aseguró el diputado Adrián Pérez y dijo que el caso más paradigmático es Fútbol para Todos porque se utiliza para “promocionar o bastardear” figuras políticas en lugar de publicitar actos de gobierno.

Asimismo recordó que, además del caso de Canal 13, existen otros tres fallos de la Corte que le llaman la atención al Gobierno sobre el reparto de la pauta oficial.

Criterios “objetivos”

El proyecto del massismo establece que el 50 por ciento del presupuesto destinado a la publicidad oficial se asignará según una pauta de proporcionalidad por segmentos, con una graduación con parámetros de equidad, diversidad y proporcionalidad. Dicha pauta se establecerá mediante una ecuación bajo los siguientes términos: se calculará en base al valor promedio de participación de cada medio y segmento. Este valor resultante será el punto de referencia a partir del cual todos aquellos que estén por encima de dicho promedio se le restará hasta un 10 por ciento de lo que le debiera corresponder y esa quita pasará a formar parte de un fondo común que se distribuirá en partes iguales a favor de los medios que estén debajo del promedio.

Un 25 por ciento restante se aplicará según un margen de “razonable y fundamentada discrecionalidad administrativa en los casos que así se justifiquen por razones de necesidad y urgencia”.

Mientras que el otro 25 por ciento se adjudicará “a los diferentes oferentes mediante el procedimiento de licitación pública para cada una de las categorías de los soportes de comunicación”.

Al respecto, la diputada Graciela Camaño destacó que existen pocos antecedentes legislativos sobre un régimen de estas características y precisó que los otros proyectos presentados para regular la publicidad oficial no tienen la misma “especificidad” en lo que hace al régimen de distribución.

El proyecto prevé la creación de una Agencia Ejecutora de la Publicidad Oficial como organismo de aplicación, descentralizado y de carácter autárquico, y la cual actuará bajo control de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual creada por la Ley de Medios.

Críticas a los gobiernos provinciales

Desde el Frente Renovador advirtieron que muchos gobiernos provinciales también reparten de manera “discrecional” la publicidad oficial. Las críticas estuvieron dirigidas principalmente al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, por lo cual anunciaron que la iniciativa también será presentada en la Legislatura provincial.

En tal sentido, el proyecto invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la ley nacional.