Siempre se dio por descontada la influencia que tendría el Papa Francisco en la política local. Fue la razón de la reacción inicial del kirchnerismo, refractaria a su designación. Hoy no terminan de arrepentirse los oficialistas que esbozaron entonces recaudos hacia Jorge Bergoglio. Si hasta la Presidenta tardó un tiempo, pero terminó advirtiendo que debía aprovechar la influencia positiva que podría ejercer la ascendente imagen del Papa. Fue lo que sucedió en su prolongado almuerzo en Santa Marta, del que ya hemos hablado aquí. Pero lejos estuvo de darse por completado el Papa tras su encuentro con la Presidenta. Por el contrario, los últimos días el Santo Padre redobló sus señales dirigidas a la política doméstica.

Arrancó interesándose por la reforma del Código Penal, dando pie a un viaje relámpago del coordinador de la comisión encargada de redactar el anteproyecto, que luego deslizó una supuesta preocupación del Papa por “el giro punitivista de las reformas penales en América Latina”. Luego el Procurador Penitenciario difundió un video con un mensaje papal abogando por “un sano garantismo” en las cárceles, y prodigando elogios hacia el polémico extitular del Servicio Penitenciario Víctor Hortel. Completó su influyente interés por las cuestiones locales transmitiéndole a su amigo Gustavo Vera, titular de La Alameda y legislador porteño de UNEN, su inquietud por la suerte de los ocupantes de las tierras de Lugano que dieron en llamar Barrio Papa Francisco. El comentario tuvo un efecto contundente, pues congeló el desalojo que presuntamente estaba previsto para el final de la semana. Dos fuentes dejaron entrever a este medio que tal cual había sugerido la Justicia, las autoridades porteñas y nacionales habían estado ultimando detalles para el desalojo que se iba a realizar el último viernes, a poco de cumplirse un mes de la ocupación. Conocido el interés papal, la drástica medida se suspendió y se redoblaron en cambio las negociaciones con los delegados de los ocupantes.

Si bien fuentes del PRO aseguraron que la idea del desalojo sigue viva, el viernes por la tarde había diputados de la oposición que hablaban satisfechos de un principio de acuerdo y de una posible urbanización del flamante asentamiento. Empero, esa eventual solución pacífica tendría como contrapeso el efecto contagio que algo así podría generar.

“Cuiden a Cristina”, es la frase que dicen escuchar de boca del Papa sus múltiples interlocutores argentinos. Casi tan utilizada como el emblemático “recen por mí”, que suele repetir Francisco. Y como con las tierras de Villa Lugano, está claro que los políticos locales tienden a hacerle caso. Es la razón por la que se desactivaron las protestas callejeras convocadas a través de las redes sociales, que constituyeron las masivas expresiones contrarias al kirchnerismo que anticiparon el resultado adverso en las urnas. Llamó la atención que pese al agravamiento de la situación económica, no hubiera convocatorias, ni siquiera cuando se vivió la pesadilla de los cortes de luz. La explicación que se le da a esa actitud es que muchos de los activistas de las redes fueron cooptados por los partidos, que a su vez desaconsejaron convocar a protestas para no contribuir al enrarecimiento del clima. Si algo no quiere la oposición es dar excusas al gobierno para victimizarse.

Eso es lo que se espera que vaya a hacer el kirchnerismo con el paro convocado por las centrales sindicales opositoras para el 10 de abril. Habida cuenta de que ya no puede impedirlo, hará todo lo posible para mostrarse víctima de una movida destituyente, y ya viene tratando de vincular a sus organizadores con sus los principales adversarios políticos. Hugo Moyano y Luis Barrionuevo no suelen cosechar demasiada adhesión en las capas medias y el gobierno espera que la protesta no genere simpatía en esos sectores. Con todo, se resignan a imaginar un alcance poderoso, luego de que la UTA confirmara su participación en la medida de fuerza. El gremio de los colectiveros ya dio muestras hace algunas semanas de su capacidad para paralizar la ciudad en un santiamén.

Siempre tan permeables a la Iglesia, en este caso los gremialistas opositores prefirieron hacer oídos sordos a la frase “cuiden a Cristina”; les alcanza con haber demorado bastante la convocatoria a este paro.

Amén de lo que vaya a hacer el sindicalismo, está claro que quien debe hacer el mayor esfuerzo por proteger a la Presidenta es el propio gobierno. Esta semana hubo acabadas muestras de que lo intentarán. En un mismo día pusieron finalmente en marcha la tan postergada quita de subsidios -que se extenderá a la electricidad a la brevedad- y luego modificaron sustancialmente la pauta de crecimiento, para ubicarla exactamente por debajo del límite que hubiera obligado a hacer un desembolso de unos 3.500 millones de dólares.

Medida que llevó a algunos sorprendidos a alertar que para que el kirchnerismo hubiera decidido tomar semejante decisión, la situación podría ser más grave de lo que se cree.

En rigor, no hay que imaginar catástrofes para encontrar las razones de tal muestra de racionalidad. Hubiera sido sumamente riesgoso habilitar semejante pago a los tenedores del Cupón PBI, cuando las reservas han retomado una cuenta regresiva acelerada. Sucede que no estaba en los pronósticos que el kirchnerismo anunciara, como lo hizo, un porcentaje de crecimiento similar al publicado el día anterior por la oposición. Empero, un conocido economista que se ocupó durante años de las negociaciones con los acreedores había anticipado hace un mes a este medio que la Argentina “no pagaría el Cupón PBI”, aunque en su caso no había previsto que el gobierno sincerara la medición.

En ese caso hubiera sido un gran escándalo, pero lo cierto es que los que daban por descontado que Argentina confirmaría la pauta de crecimiento prevista, sugerían que esa decisión era indispensable para mantener el rumbo de “previsibilidad” que el equipo económico está tratando de mostrar hacia afuera.

Muchos advierten que el gobierno se ha ahorrado un buen dinero de las reservas, pero también ha dado pasos en falso por ejemplo para la pulseada que mantiene con los fondos buitre, que encontraron nuevos argumentos sobre la “mala fe” de este gobierno.

Con todo, un analista de los mercados aclaraba el viernes que datos certeros son los que hacen falta para generar previsibilidad, y no “insistir con la mentira” para justificar semejante erogación, que incluso dejaba abierta la posibilidad de juicios. Y recomendaba a los poseedores de esos bonos no deshacerse de ellos y esperar, pues en un tiempo breve serán un gran negocio.