Hoy existe en nuestra sociedad una legítima y persistente demanda de seguridad en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque la seguridad, condición indispensable para el desarrollo de todas las actividades humanas, está ausente. La inseguridad, los hechos de violencia, y los delitos no sólo son cada vez más frecuentes, sino que se instalan en ámbitos donde antes no habíamos pensado encontrarlos.

Desde hace no muchos años, uno de esos nuevos espacios donde la inseguridad, la violencia y los delitos pareciera que llegaron para quedarse, es el fútbol. A tal punto se ha arraigado el fenómeno de la violencia en el fútbol que nos estamos acostumbrando a padecerla. Se está produciendo en algunos sectores y actores sociales un proceso de “normalización” de la violencia y las mafias futboleras: ya no sorprenden, no escandalizan. Es algo que no nos gusta, pero que se en definitiva se acepta, que “está ahí”.

Yo he estado vinculada al futbol desde hace muchos años, conociéndolo desde adentro, y soy testigo presencial de ésta evolución (o tal vez, debería decir mejor “involución”) de la que hablo. Y pertenezco al sector de la resistencia, de aquellos que no se resignan a ver a la pelota manchada de sangre y sucia de corrupción mafiosa.

Por eso desde mi ámbito de la vicepresidencia de la Comisión de Deportes he seguido de cerca éste fenómeno en sus diversas variantes. Un hecho que me ha llamado la atención es la aparición en las canchas de las Hinchadas Unidas Argentinas (HUA), que por supuesto, no tendría por que rechazar ni criticar a-priori. Pero es necesario prestarle atención: por la presencia entre sus integrantes de personas con serios antecedentes penales, por su vinculación con sangrientos hechos de violencia y por sus estrechas relaciones con sectores políticos del partido gobernante. Todo esto, vale aclarar, es de público conocimiento.

Hinchadas Unidas Argentinas volvió a ser noticia, en las vísperas de la Copa del Mundo Brasil 2014, al realizar una presentación judicial para que algunos de sus integrantes, con antecedentes penales, puedan viajar y entrar a los estadios, sorteando los obstáculos que pudieran derivarse de la aplicación del Acuerdo entre Argentina y Brasil para la prevención de la violencia en los eventos futbolísticos internacionales:

En tal sentido, la doctora Debora Hambo, representante legal de las 38 barrabravas agrupadas en Hinchadas Unidas Argentinas, confirmó que viajarán al Mundial Brasil 2014 sin entradas y que, una vez en el país organizador de la Copa del Mundo, “intentarán conseguirlas por la reventa”. Para eso presentaron un amparo para que la Argentina no le brinde a las autoridades de gobierno y justicia de Brasil información privilegiada sobre los actos procesales que recaen sobre los distintos barras sin el consentimiento de éstos (serán cerca de 600 los que viajarán a Brasil).

La pregunta que debemos hacernos es: ¿Quiénes son, y que poder y vinculaciones tienen los miembros de Hinchadas Unidas Argentinas, como para que estén exentos de someterse a un tratado internacional? La sociedad quiere saber de qué se trata.

Por eso mismo, he presentado dos proyectos de resolución, el 1401-D-2014 y el 1402-D-2014. En el primero se solicita al señor Julio Alak (Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos) que brinde informes a la Cámara de Diputados, y a la sociedad, acerca de la personería jurídica de Hinchadas Unidas Argentinas, sobre cuál es el rol social que hicieron constar en el instrumento de constitución; de dónde provienen los fondos de financiamiento; y el segundo expediente es un pedido de informes donde se pregunta sobre los antecedentes penales de los miembros de Hinchadas Unidas Argentinas y las medidas que se van a adoptar para que aquellos integrantes que posean antecedentes penales, no viajen al mundial de Brasil.

La violencia y las mafias que ensucian el fútbol argentino, no podrían haber adquirido tanto poder de acción e infiltración de no haber crecido al amparo y con la complicidad de sectores de poder económico y político. Por eso existe esta imperiosa necesidad de la población de que haya transparencia y rendición de cuentas en éstos asuntos. En éste marco he presentado esos pedidos de informes, que pueden servir como una de las tantas herramientas para arrojar luz en éstos asuntos.

Otra forma en que también se manifiesta la complicidad de la que hablamos, es el veto que ha impuesto el oficialismo, aplicando su mayoría automática e impidiendo el tratamiento de proyectos que intentan brindar herramientas para hacer frente a éste flagelo. Me refiero por ejemplo al proyecto de mi autoría 527-D-2013 de “Régimen Penal para la Prevención de la Violencia en Espectáculos Deportivos” que ya lleva 6 años archivado en la Cámara. Fue presentado por primera vez en 2009 (3150-D-2009), por segunda vez en 2011 (450-D-2011) y por tercera vez el año pasado. Como duerme mi proyecto, duermen también otros muchos referidos a ésta temática. Yo no digo que tengo “la” solución al problema. Pero ante un flagelo que ha llegado a niveles intolerables y ante el cual la sociedad exige respuestas y medidas, no podemos darnos el lujo de ni siquiera escuchar a quienes queremos hacer un aporte a las soluciones que demanda la gente.

La transparencia y la aplicación de justicia son los únicos remedios efectivos para detener y erradicar la violencia y a las mafias del fútbol, y no voy a descansar en ésta tarea.