Pietragala, Depetri y Carlotto se solidarizaron con Daniel Catalano, procesado en el marco del enfrentamiento en el nosocomio en abril de 2013. Denuncian que Macri tiene “inmunidad” y “protección mediática”.
Diputados nacionales del Frente para la Victoria respaldaron a Daniel Catalano, secretario de Organización de ATE de Capital Federal, procesado por el juez Jorge Adolfo López, quien lo acusa de haber intentado robarle a un policía el palo con el que lo estaba golpeando durante la brutal represión desatada en el Hospital Borda, hace un año. Se trata del mismo juez que sobreseyó a todos los funcionarios del Gobierno porteño de Mauricio Macri que derrumbaron el Taller protegido Nº 19 y avalaron la represión a trabajadores, pacientes, periodistas y transeúntes en el nosocomio.
En el marco de una conferencia de prensa en el Anexo de la Cámara baja, el diputado Horacio Pietragalla expresó su preocupación “por la situación procesal de un trabajador que se estaba defendiendo” y aseguró que “el avance de esta causa representa un peligroso antecedente en lo que concierne a la represión violenta de la protesta social”.
En el mismo sentido, el diputado Edgardo Depetri advirtió que el procesamiento de Catalano busca “disciplinar” a los delegados gremiales y al “movimiento popular” por oponerse a un “negocio inmobiliario” en la zona del Borda.
Además, el “dipusindical” denunció la “inmunidad judicial” y la “protección mediática” de Macri, por cuanto se procesó al trabajador de ATE pero no al jefe de Gobierno porteño por la represión en el nosocomio.
“Este es el reino del revés”, dijo por su parte el titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Remo Carlotto, quien habló de una “Justicia de carácter selectivo que elige proteger a grandes corporaciones”, en alusión al supuesto “negocio inmobiliario”.
En tanto, el dirigente social Luis D’Elía denunció que el Gobierno porteño “le pega a los trabajadores, a los pobres, pero tiene protección mediática y queda impune”. “Este es el caso más elocuente de represión a la protesta social, pero existen otros”, señaló la legisladora porteña Paula Penaca.
La defensa de Catalano manifestó ante los camaristas que “el Gobierno porteño cometió un delito, amparándose en una fuerza de seguridad para que lo realizara”, considerando “disparatado” el procesamiento ya que “quien resiste la comisión de un delito se encuentra justificado en su accionar”.
La represión
El 26 de abril de 2013 una cuadrilla de la Policía Metropolitana ingresó al Hospital Borda para tirar abajo el edificio donde funcionaba el Taller Protegido 19, un programa que está en diferentes espacios y en el nosocomio daban cursos de carpintería y herrería.
Sobre ese terreno, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires construirá un Centro Cívico y, por eso, los cursos venían amenazados desde agosto de 2012. No obstante, los trabajadores lograron una medida cautelar que impedía destruir el edificio.
Para escoltar a quienes demolían el Taller 19, efectivos de la Policía Metropolitana no tardaron en reprimir a trabajadores, pacientes, familiares, periodistas y legisladores.
Esto derivó en cuatro horas de una violenta represión con más de 40 heridos y ocho detenidos, donde cinco fueron llamados a indagatoria y procesados por “atentado a la autoridad”, “resistencia a la autoridad” y “lesiones leves”.
En esta causa, llevada por el juez Jorge Adolfo López, a cargo del Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº30, se agregó además la indagatoria y procesamiento de Catalano, quien no fue detenido ese día y se lo acusa también de “robo en grado de tentativa” por sacarle la macana al policía que lo agredía.
El juez determinó además el sobreseimiento de todos los funcionarios macristas, incluido el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, que ordenó la demolición.
En cuanto a la Policía Metropolitana, sólo quedó imputado el comisionado Martín Roth, retirado de la Federal, por abuso de autoridad y lesiones leves y graves.
