Por José Angel Di Mauro. El proyecto presentado para reducir el empleo informal busca enfrentar el principal temor oficial: la desocupación. La iniciativa espera un rápido tratamiento, no así la que regula las protestas.
En una semana reducida por el feriado de Semana Santa, el gobierno hizo su principal anuncio el primer día hábil. El lunes, ya sin apelar a la cuestionada cadena nacional, la Presidenta anunció un proyecto para promover el trabajo registrado. Una iniciativa que en general cosechó elogios, pero al que los críticos no perdieron la oportunidad de comparar con la promovida por Domingo Cavallo en los 90. Incluso el expresidente Fernando de la Rúa trazó un parangón entre la propuesta anunciada por Cristina y su cuestionada -y derogada por el kirchnerismo- reforma laboral, al ser entrevistado por la FM de radio Nacional.
En todo caso, lo que queda claro con el anuncio presidencial es la fuerte preocupación que atraviesa al gobierno por la incidencia que la situación económica está teniendo sobre la actividad. El temor mayor radica en la industria, y uno de los principales pilares de ese sector, el automotriz, muestra serios inconvenientes que se trasparentaron esta semana al trascender las intenciones del principal fabricante de autos del país, Volkswagen, de aplicar una reducción de su personal en la planta de General Pacheco.
Se habla de 700 trabajadores que le estarían “sobrando” a la empresa, ante la conjunción de factores planteados por la reducción de las exportaciones a Brasil, la suba del precio de los vehículos en el mercado local y el impuesto a los autos de lujo votado a fines del año pasado. Un combo que ha enrarecido toda la actividad de uno de los motores del modelo kirchnerista.
El problema se agrava porque no está afectando solo a la industria. Las Pymes, grandes generadoras de empleo -no sólo aquí, en todo el mundo capitalista-, están sufriendo las consecuencias del enfriamiento de la economía.
El proyecto anunciado por Cristina desde el salón ahora denominado “de los Pueblos Originarios” busca ser una respuesta a esa situación que se ha transformado en el peor temor oficial: una disminución del empleo.
Como todas las iniciativas oficiales, el proyecto tendrá un trámite acelerado, previéndose para este martes la visita del ministro de Trabajo al Senado para defenderlo. Conforme el estilo K, podría estar aprobado en un mes, en un Parlamento que a pesar del resultado adverso en las últimas legislativas, sigue siendo manejado por el oficialismo y prestando atención estrictamente a las cuestiones que interesan al gobierno.
Por eso se espera el mismo destino para la iniciativa presentada por un legislador K del Chaco el miércoles pasado para reglamentar las protestas en la vía pública. Del tema había hablado la Presidenta en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias y se esperaba desde entonces que su expresión de deseos respecto de poner un límite a la actividad piquetera tuviera su correlato en un proyecto en ese sentido. En esos casos es el Ejecutivo el que termina elaborando las iniciativas, pero tratándose esta vez de un tema que hace “ruido” dentro del propio kirchnerismo, sonó más lógico que fuera impulsado por un legislador de los nuevos, avalado por firmas de peso dentro del kirchnerismo.
Ya se habían comenzado a escuchar voces que le reprochaban al gobierno esa mora en la materia y el kirchnerismo corría el riesgo de volver a ser “primereado” por el massismo. De hecho, el Frente Renovador acababa de presentar un proyecto para regular las protestas sociales. Lo hizo el jefe de esa bancada, Darío Giustozzi, y propone crear espacios públicos específicos para esas protestas. Era cuestión de días para que una vez más el massismo se pusiera al frente de un debate que le brindara protagonismo.
Con todo, no se espera que el proyecto tenga un tratamiento exprés. Para esos trámites veloces, el kirchnerismo utiliza la mesa de entrada del Senado, cámara sobre la cual tiene un manejo más aceitado. En esos casos los proyectos reciben una rápida aprobación en ese Cuerpo y luego pasan a Diputados, donde prima la obediencia oficial de no modificar lo que ya cuenta con media sanción y la aprobación se hace más sencilla.
El ingreso de ese proyecto a través de la Cámara baja hace prever entonces que merecerá un tratamiento más amplio y hasta podría estar abierto a modificaciones. Pero también tendrá el objetivo de generar discrepancias en el seno de la oposición, donde contará con la anuencia del PRO y el Frente Renovador, más no del resto. Particularmente será rechazado por la izquierda -que por fin cuenta con una bancada propia-, y también por el ahora denominado Frente Amplio UNEN, que se presentará en sociedad este martes y que congrega a radicales, socialistas, GEN, CC-ARI, Proyecto Sur y Libres del Sur, entre otros partidos.
Ambiciosamente, el jefe del radicalismo, Ernesto Sanz -clave en el armado de ese frente-, ha presentado este lanzamiento como “la noticia política más importante del año, y paralelamente a las negociaciones para su conformación comenzaron a trascender versiones sobre un eventual acuerdo que incluyera al macrismo. Una alternativa que dejó de sonar descabellada al ser avalada nada menos que por Elisa Carrió: a partir de semejante respaldo, todo puede ser posible. Buena parte del radicalismo ve con muy buenos ojos un posible entendimiento, no así el socialismo, que sin embargo ha tenido el buen tino de no descalificarlo de entrada, en señal de convivencia pacífica. “Pino” Solanas -cuyo pacto con Carrió le valió perder a buena parte de Proyecto Sur- se ha mostrado en cambio decididamente en contra de un acuerdo.
El PRO, muchos de cuyos dirigentes tienen origen radical, se entusiasma ante ese eventual entendimiento, pero sobre todo porque al menos se haya dejado de poner a su líder como “límite” electoral.
El tratamiento del proyecto “antipiquetes” -cuya puesta en práctica es en principio más que dudosa- se espera que también cumpla con el objetivo de marcar diferencias entre ese amplio frente y el macrismo.
Esa misma oposición siguió esta semana con la rutina de brindar el índice inflacionario medido por las consultoras privadas, que ubicó la suba del costo de vida de marzo en 3,3%, siete décimas más que la del INDEC, que para evitar dar más crédito a la medición privada se apresuró a difundir ese mismo día sus datos. Una medición que a partir de la implementación del nuevo sistema suena más “real”, pero que sigue dejando un amplio margen de dudas. Por caso, ningún especialista calculó en marzo una inflación inferior a los tres puntos, como sí sucedió en el cálculo oficial. Pero era vox populi que el equipo económico esperaba brindar una cifra como la que difundió, cuestión de darle al ministro Axel Kicillof la posibilidad de hablar de “desaceleración de los precios”, como lo hizo.
Se sabe también que el esquema oficial apunta a seguir mostrando esa tendencia a la baja y llegar a “un punto” en un máximo de dos meses, cuestión de mostrar la sensación de éxito del programa Precios Cuidados, más allá de lo que se sostenga respecto de la ausencia de un verdadero plan antiinflacionario.
