El legislador del GEN rechazó votar a favor porque no existió tasación previa, “sino un informe que intentó justificar los términos del resultado de la negociación llevada adelante con el grupo Repsol”.
“El Poder Ejecutivo nos propone la aprobación de un acuerdo que no cumple con los recaudos exigidos por la ley de expropiaciones a la que remite la norma que declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación a las acciones de YPF y le quita al Estado nacional la posibilidad de reclamar una reparación por el pasivo ambiental que deja la gestión de Repsol”, expresó en su discurso el diputado del GEN-FAP Omar Duclós.
El legislador anticipó su rechazo al acuerdo con Repsol “porque no hubo ponderación de los daños ambientales y otras contingencias que motivaron demandas judiciales, liberando de responsabilidad a Repsol por las obligaciones resarcitorias que se devenguen en el futuro, lo que torna incierto el valor final de la expropiación”.
Para Duclós, “también se torna incierto el valor de la indemnización, por que dependerá de la cotización de los bonos que se emiten, sobre los que se paga una elevada tasa de interés que duplica la que pagan países vecinos cunado toman créditos internacionales, y esto está dado por la incertidumbre producida por las arbitrariedades y bravuconadas de los funcionarios nacionales al intervenir la empresa, cuando se promovió la expropiación. Aquella sobreactuación motivó que el riesgo país se elevara de 784 puntos básicos, previos a la intervención, a 1249 puntos luego de la expropiación, generando el incremento de 465 puntos, que representan una sobretasa de interés de 4,65 % ; es decir la desidia y los abusos del gobierno nos costará caro y lo pagaremos todos los argentinos”.
“Desde la sanción de la ley de expropiación hasta la fecha, el Gobierno transformó la cruzada contra los depredadores, en un acuerdo amigable que se parece mucho a un liso y llano allanamiento a la voluntad del expropiado”.
Sostuvo el legislador bonaerense que “estamos ante un nuevo eslabón de la cadena de desatinos que el oficialismo protagonizó desde la década del 90 a la fecha, provocando una severa crisis energética. Los mismos que alentaron la privatización de la empresa en el año 92 son los que convalidaron la transferencia de acciones al grupo Petersen Energía SA, autorizando la transferencia de dividendos en exceso a Repsol sin exigir las inversiones necesarias con la aprobación del representante del gobierno en el directorio de YPF. Son los mismos corresponsables que luego se sorprendieron y denunciaron el vaciamiento de la empresa, y son los mismos que ahora forzados por la urgencia de normalizar las relaciones con los organismos de créditos internacionales, promueven a las apuradas este acuerdo inconveniente”.
“Rechazamos su aprobación por afectar los intereses nacionales y a la presente y futuras generaciones”, finalizó Duclós.
