El senador Ernesto Sanz y la diputada Patricia De Ferrari, de UCR, realizarán en los próximos días una ronda de reuniones con centrales obreras para analizar lo que consideran una “exclusión” de los pueblos originarios en el proyecto del Poder Ejecutivo para promover el empleo registrado.

“Otra vez el kirchnerismo actúa en contra de los derechos de trabajadores indígenas, violando así garantías constitucionales y nuestra adhesión al Convenio 169 de OIT”, señalaron los radicales.

“Históricamente nuestro partido tuvo un fuerte compromiso con los derechos de los originarios y en este sentido, ante el anuncio del proyecto oficialista que dice promover el empleo registrado y evitar el fraude laboral, vemos que se los deja de lado y se los discrimina como colectivo y sujetos de derecho. En tal sentido, convocaremos a las centrales obreras a analizar esta iniciativa y los pasos a seguir, para asegurar el cumplimiento de los derechos y garantías de los ciudadanos preexistentes”, expresó el presidente de la UCR, Ernesto Sanz.

Por su parte, la diputada De Ferrari sostuvo que “este Gobierno se la pasa hablando de los derechos humanos, y sistemáticamente le niega a los pueblos originarios sus más elementales derechos”.

“Por eso no sorprende que presenten un proyecto de esta magnitud, en el que constatamos que ni los considera siquiera como un grupo trabajadores sujeto a tal derecho, ni a tener en cuenta. Esto implica no sólo un nuevo avasallamiento sino también una inobservancia punible del convenio 169 de la OIT, que nos obliga como nación a garantizar protección eficaz en materia trabajadores de indígenas”, indicó.

“El anuncio del Gobierno nacional por cadena nacional de impulsar un proyecto que elige desoír e ignorar a un colectivo amparado por leyes nacionales e internacionales, amerita la convocatoria a los representantes de los trabajadores de todos los sectores, como CTA -con quienes venimos actuando articuladamente en la materia- para analizar los pasos a seguir tendientes a asegurar los derechos de los pueblos originarios”, aseguraron los radicales de manera enfática.

Y agregaron: “El Gobierno parece creerse autorizado a excluir y sancionar, sin respetar compromisos internacionales que tenemos firmados, y desentendiéndose de la cantidad de pobres y excluidos que siguen sin derechos por más declamaciones y puestas en escena que armen”.