El Encuentro Federal por una Seguridad Democrática y Popular, que tuvo lugar este jueves en el Congreso, culminó con la lectura de un documento de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, en el que los firmantes reclaman “discutir la reforma policial y penitenciaria” y “no criminalizar la pobreza”, entre otras cosas.

El texto fue leído por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, en un colmado Salón de Pasos Perdidos, luego de la jornada de exposiciones a la que asistieron legisladores, representantes de la Justicia, del periodismo, de organizaciones sociales y familiares de víctimas de la violencia institucional.

En el documento, la campaña encabezada por el diputado nacional Leonardo Grosso (FpV-Movimiento Evita) reclama “un nuevo Código Penal y un Código Procesal Penal que reconozca y garantice todos los derechos de las víctimas y los imputados, estableciendo una escala de valores donde la vida sea más importante que la propiedad y que no criminalice la pobreza”.

Además, los firmantes aseguran que “después de la asonada policial que vivimos en diciembre del año pasado se hace cada vez más evidente la necesidad de discutir la reforma policial y penitenciaria pendiente a lo largo y ancho de nuestro país, provincia por provincia”.

También piden “rediscutir la reforma judicial que quedó trunca por la respuesta corporativa del poder menos popular de nuestra República y que le tiene miedo a las urnas”.

“Convocamos a todos y todas a debatir en cada barrio, en cada escuela, en cada fábrica, la seguridad democrática y popular, pensándola como la garantía del ejercicio efectivo de nuestros derechos, como garantía del Estado de Derecho”, indican.

A continuación, el documento:

Durante los últimos once años en la Argentina hemos transitado un camino de democratización inmenso. Frente a la “deuda interna”, herencia de la última dictadura cívico militar y del neoliberalismo salvaje, hemos logrado la ampliación de derechos inusitada de esta “década ganada”, aunque ello no fue simple: ningún derecho se regala, nadie entrega sus privilegios sin reacción.

Pero aún peleamos varias batallas que debemos ganar: la lucha contra la violencia institucional, es una de ellas. Son miles las víctimas de gatillo fácil y de la violencia institucional en estos 30 años de democracia.

Estos últimos tiempos nos permitieron demostrar que los reclamos sociales se les debe responder con más política e inclusión social y no con represión ni demagogia punitiva.

Sin embargo, los medios monopólicos de comunicación y sus personeros políticos de turno insisten con que las conflictividades sociales se resuelven con mano dura. Nos han querido convencer que el asesinato de un pibe ahora se llama “linchamiento” o “justicia por mano propia” por “gente de bien” y que el problema de todo radica en el villero, en el pibe de gorrita, en el pibe chorro, el negrito, el adicto o el que ocupa un terreno.

Nosotros no nos engañamos porque tenemos en claro que estos discursos reciclados legitiman policías autogobernadas con cajas de recaudación ilegales y una Justicia que mira al costado.

Nosotros sabemos que estas recetas disfrazadas nunca cuestionan las graves violaciones a los derechos humanos por parte de las policías (hostigamientos, detenciones arbitrarias, reclutamientos para el delito, armado de causas, torturas, desalojos violentos, represión a la protesta, fusilamientos, “gatillo fácil”) y tampoco cuestionan la selectividad penal que recae sobre nuestros jóvenes pobres, campesinos y trabajadores de nuestros barrios más humildes.

Los momentos actuales nos muestran las dificultades que la democracia y parte de la clase política todavía tiene para entrar de lleno y apropiarse de las instituciones de seguridad y de Justicia. Y la forma en que debe hacerlo es con el debate público, popular y abarcativo de todos los sectores involucrados.

La seguridad es un tema demasiado complejo para dejarlo sólo en manos de policías y abogados penalistas.