La Comisión de Asuntos Penales y Justicia del Senado, que conduce el kirchnerista Pedro Guastavino, retomó este martes la discusión sobre la reforma al Código Procesal Penal. El cuerpo legislativo recibió para tal fin a la titular del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak, y al abogado Alberto Binder en representación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (NECIP), que elaboró el proyecto presentado por el radical Eugenio “Nito” Artaza. Ante los senadores reunidos en el Salón Eva Perón del Congreso, Mizawak repasó los puntos principales de la reforma procesal que su provincia elaboró en 2006 y que comenzó a implementar en 2009.

La jueza aseguró que la reforma legal implicó, más que un nuevo código, un “nuevo sistema de enjuiciamiento” que agilizó los juicios, le otorgó mayor “libertad” al Ministerio Público provincial y dotó de mayo “protagonismo” a las víctimas”.

Mizawak desató que durante la vigencia del viejo código, de los 16.000 expedientes solo 30 llegaban a juicio, tras un promedio de cuatro años. Mientras que ahora, “el promedio de juicio es de seis meses”.

Asimismo subrayó que la nueva ley le da “mayor libertad” al Ministerio Público para “elegir qué casos seguir”, ya que “no se le puede dar la misma importancia a todos los delitos”.

En tanto, remarcó que el nuevo Código Procesal Penal de Entre Ríos creó nuevas “alternativas de resolución de conflictos”, como la conciliación, la mediación o el juicio abreviado, “para que se destinen los mejores recursos a los casos más importantes”.

También enfatizó que con el código nuevo “ninguna medida puede tomarse sin participación de la víctima”, algo que no sucedía anteriormente cuando esta era la “eterna ausente” ya que “su participación terminaba en la denuncia”.

“El objetivo es consensuar una nueva herramienta legal para reconstruir la justicia que nuestra sociedad necesita”, señaló el senador Guastavino. “El debate que estamos dando en el Senado, con el aporte de especialistas y enriquecido con la visión de distintos sectores, es el camino adecuado para lograrlo. La decisión de avanzar en el diseño de un nuevo Código, la posibilidad de debatir, es en sí misma una medida valiosa para nuestra sociedad y nuestras instituciones”.