Se llevó a cabo este martes el tercer seminario del Foro 2014 “La agenda agropecuaria en el Congreso Nacional” que organiza la Fundación Nuevas Generaciones para asesores legislativos, donde se analizan los temas más delicados del sector agropecuario, en vistas de su posible tratamiento parlamentario.

El seminario trató sobre las distintas visiones respecto de la ley de semillas, que reviste uno de los puntos más delicados de la agenda y en el que hay mayor cantidad de disenso dentro del sector.

Del seminario, al que asistió un nutrido grupo de asesores de diputados y senadores nacionales, participaron como expositores Jorge Solmi, de Federación Agraria Argentina y exdiputado de la provincia de Buenos Aires; Salvador Bergel, profesor emérito y titular de la Cátedra UNESCO de Bioética de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y, por la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), su presidente Alfredo Paseyro y su director ejecutivo, Miguel Rapela. En tanto, el seminario fue moderado por Joaquín La Madrid, economista de Nuevas Generaciones.

Respecto de las distintas posiciones sobre esta tan comentada ley, Jorge Solmi expresó: “No desconocemos los derechos de propiedad, debe haber una forma en la que el total de lo que sale de una bolsa se cobre en la primera venta. Como ha ocurrido con el maíz. Una vez que se paga el producto, se agota la relación comercial”, y agregó: “el debate de fondo es el debate sobre un sistema de comercialización”.

Por su parte, Salvador Bergel puntualizó que “lo fundamental es definir los derechos del agricultor. Es un derecho nacido de las mejoras agrícolas a lo largo de la historia. No se está debatiendo sobre privilegios sino sobre derechos, y es fundamental entender ello, ya que los agricultores son un elemento fundamental para mantener la biodiversidad”.

Por último, Alfredo Paseyro remarcó que “el lugar de debate deberá ser el Congreso pero previamente debemos ponernos de acuerdo los actores involucrados, y hoy entendemos que hay puntos de encuentro para ponerse de acuerdo, ya que tanto la ley vigente como el anteproyecto de 2012 respetan la libertad comercial. El problema principal es que no sabemos con qué se siembra el 70% de la producción y esto lleva a que haya riesgos fitosanitarios porque no hay trazabilidad”, y también desde ASA, Miguel Rapela agregó que “el gran tema que divide las aguas es el uso propio. Hoy tenemos la necesidad de un contexto donde se equilibren los derechos. El uso propio debe tener una regulación, y se deberían poder exigir regalías extendidas por diferenciación de productores”.

“Hoy es clave que la interacción entre quienes trabajan en el sector público y quienes son los afectados por la política pública encuentren canales de diálogo sincero y directo, sin tabúes y con el objetivo de buscar las mejores soluciones para el país”, concluyó Joaquín La Madrid al cerrar el foro.