El diputado porteño de Seamos Libres Pablo Ferreyra presentó un proyecto de declaración en el que manifiesta su preocupación por “los numerosos cierres de centros culturales, barriales y sociales ocurridos durante las últimas semanas del presente año”.

Según se indica en el expediente, “en los últimos días hemos sido testigos de distintas clausuras a centros culturales, barriales y sociales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Los mismos, siempre según la explicación del legislador aliado al kirchnerismo, no cuentan con la figura legal que posibilite su habilitación como espacios de creación, difusión y formación estética, artística y popular. Pero, “se encuentran absolutamente legitimados por quienes disfrutan, en su mayoría vecinos de los barrios donde están ubicados estos espacios, de las distintas actividades que estos centros culturales realizan”.

“La imposibilidad de poder acceder a un permiso de funcionamiento ha logrado una disputa constante con el marco legal vigente que los incentiva a habilitarse como comercios, siendo que, ni tienen actividades lucrativas ni buscan, los gestores de estos espacios, obtener recursos que no sean reutilizados en los propios centros culturales”, se detalla en el proyecto.

Cada uno de estos centros genera actividades como proyección de películas, debates de índole políticos, históricos, estéticos, dictado de distintos talleres gratuitos de teatro, canto, circo, ajedrez, yoga. Además, se realizan actividades territoriales que, en muchos casos, han sido contención y sostén de niños y niñas, mujeres, vecinos y vecinas con diversas facultades.

La labor de estos centros no es sólo es cultural, también existe un profundo respeto y trabajo con el entorno que los rodea y siempre están presente en las distintas problemáticas que aquejan a los barrios que los acogen.

Es así como en no pocas oportunidades sus puertas están abiertas para actividades de solidaridad con algún vecino o vecina que necesita de recursos por distintos motivos o se convierten en centros de ayuda cuando alguna catástrofe ocurre en la Ciudad, en cualquier punto del país o, incluso, en algún país vecino.

“No hay detrás de estos espacios algo que pudiera afectar negativamente a la sociedad porteña pues son parte de ella y construyen desde allí su quehacer cotidiano”, expresó el autor de la iniciativa.

Para Ferreyra, las clausuras “no son beneficiosas para los centros culturales y las multas que se les otorgan resultan impagables ya que estos espacios son autogestionados, no realizan actividades comerciales y no reciben financiamiento gubernamental”.

“Estas clausuras parten de la inexistencia de figuras legales que permitan que los espacios comunitarios tengan habilitación y se puedan sostenerse económicamente”, analizó.

Por último, remarcó la necesidad de trabajar en una ley que contemple a estas asociaciones culturales, sociales y barriales. “Una Ley es el primer paso para resolver esta situación, y posterior a ella deben crearse políticas públicas de promoción y financiamiento de estos espacios”, concluyó.