La Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente ha declarado que son inválidas las resoluciones ministeriales, así como los decretos del Poder Ejecutivo, por medio de los cuales el Gobierno Nacional procura establecer derechos de exportación sin la intervención del Congreso de la Nación.

En el precedente “Camaronera Patagónica” emitido por la CS se cuestionó las resoluciones dictadas en el año 2002, por medio de las cuales el Ministerio de Economía había establecido tributos sobre la exportación de pescados y crustáceos, invocando potestades delegadas en la legislación aduanera.

Consideró la CS que se encontrarían privados de sustento los Derechos de Exportación que al presente percibe la Dirección General de Aduanas, en tanto ellos hayan sido establecidos por un decreto o resolución ministerial que no haya sido objeto de ratificación legislativa. En este sentido, y sin perjuicio de los efectos de otras leyes ratificatorias que pudieran contemplar situaciones específicas, debe tenerse en cuenta que la propia Corte en su pronunciamiento alude a las Leyes N° 25.148, 25.645, 25.918 y 26.135, a las que reconoce efectos en el sentido de conferir rango de ley a las disposiciones emitidas hasta agosto de 2006 para la fijación de Derechos de Exportación mediante la invocación de potestades delegadas.

La Corte, con rigor a la disposición constitucional donde se establece que corresponde al Congreso (y no al Poder Ejecutivo) legislar en materia aduanera y establecer los derechos de exportación, descarto que pudiera ser constitucionalmente válido la delegación de potestades invocada por el Ministerio de Economía en las resoluciones materia del pronunciamiento.

En efecto, la Constitución Nacional establece de manera reiterada y como regla principal, tanto en el art. 4° como en los arts. 17 Y 52, que es el Congreso Nacional quien asigna las contribuciones referidas en el primero de ellos.

Asimismo, se ha expresado categóricamente que “los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas” (Fallos: 155:290; 248:482; 303:245; 312:912, entre otros) y, en forma concordante, ha afirmado en reiteradas oportunidades que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones”.

Que debe enfatizarse, de manera correlativa, que ese valladar inconmovible que supone el principio de reserva, de ley en materia tributaria tampoco cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por elart. 76 de la Constitución.

En efecto, la CS también ha sido contundente al sostener sobre tal punto que “no puedan caber dudas en cuanto a que los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutiva” (Fallos: 326:4251).

La CS tampoco admitió el argumento que subyace en la defensa realizada por el ente fiscal consiste en sostener que la ley de emergencia 25.561 -y sus sucesivas prórrogas-, ha otorgado una delegación suficiente al Poder Ejecutivo para que, en el marco de la dolorosa situación de emergencia nacional por la que atravesó el país, tomara una serie de medidas tendientes a terminar con esa situación, entre las cuales estaba la habilitación para que estableciese el tributo aquí cuestionado.

En materia de delegación legislativa, los constituyentes de 1994, además de incorporar a nuestra Carta Magna el texto del actual arto 76, agregaron la cláusula transitoria octava, según la cual: “La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”.

En el marco de dicha disposición constitucional, el Congreso Nacional dictó las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 Y 26.519, normas que tienen incidencia en la solución de la controversia planteada. La CS destacó que -con excepción de la ley 26.519- las restantes leyes contienen una estructura similar ya que, por una parte, ratifican la totalidad de la delegación legislativa, por los plazos y en las condiciones que allí se establecen (art. 1°) y, en lo que al caso interesa, aprueban la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación dele-gante preexistente a la reforma constitucional de 1994 (art. 30)

En ese sentido, las leyes 25.918 y 26.135 fueron explícitas al aprobar la totalidad de la legislación delegada dictada entre determinados períodos, desde el 24 de agosto de 2002 hasta el 24 de agosto de 2004, y desde esa fecha hasta el 24 de agosto de 2006, respectivamente. La mencionada aprobación abarcó las normas dictadas entre las fechas en que concluía la ratificación de la delegación legislativa y la entrada en vigencia de cada una de esas dos leyes.

Por su parte, si bien las leyes 25.148 y 25.645 no establecieron concretamente cuál era el período que comprendía dicha aprobación, no se requieren mayores esfuerzos interpretativos para dilucidar ese punto. Resulta nítido que la ley 25.148, al aprobar la “totalidad de la legislación delegada” (cfr. art. 3O), hizo referencia a las normas dictadas desde la sanción de la reforma constitucional y hasta la vigencia de dicha ley.

En consecuencia, no puede sino colegirse que la ley 25.645 al disponer en su art. 3o: “Apruébase la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994”, hace alusión a las normas dictadas hasta la fecha de su entrada en vigencia, hecho que ocurrió el 24 de agosto de 2002.

Es evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002 (confr. Fallos: 331:1927, voto del juez Maqueda).

Esos términos representan, sin dejar lugar a duda, la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia. Si bien la decisión de ratificar en forma general un amplio y variado número de normas que abarcan diversas materias puede ser objetable desde el ángulo de la técnica legislativa, ello no resulta suficiente para privar de validez a la ley25.645 Y a aquellas que, con el mismo objetivo, la precedieron o sucedieron.

La circunstancia de que no se haya identificado en forma particular a cada una de las normas aprobadas no invalida a la ratificación, en tanto el universo de preceptos que el Congreso Nacional pretendió convalidar resulta determinable.

Por otra parte, sostuvo la CS que “una interpretación en sentido contrario al propuesto llevaría a sostener que la totalidad de la legislación delegada dictada con sustento en la legislación delegante preexistente a la reforma de la Constitución Nacional de 1994 ha perdido su vigencia, vaciándose de contenido a las disposiciones del arto 3° de las leyes 25.148, 25.645, 25.918 Y 26. Tal exégesis resulta inadmisible pues no solo presume, que el legislador sanciona cláusulas inútiles, pensadas para no tener efecto (arg. de Fallos: 311:460) sino que además contraría la clara intención del Congreso Nacional de privilegiar la seguridad jurídica, evitar vacíos legislativos y sanear, hacia el futuro, cualquier nulidad de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo u organismos de administración al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994”.

La Corte asumió un criterio ampliamente favorable al reconocimiento de efectos convalidantes a las leyes emitidas por el Congreso para aprobar o ratificar, aun en forma genérica, lo actuado por el Poder Ejecutivo o por los ministros, incluyendo la fijación o incremento de Derechos de Exportación, bien entendido que ese efecto de convalidación fue reconocido para legitimar la aplicación de los tributos a partir de la vigencia de la ley ratificatoria, y no con efecto retroactivo.

A tenor de este reciente fallo “Camaronera Patagónica”, resultarán nulos los decretos del Poder Ejecutivo y las resoluciones ministeriales en las que en el futuro se establezcan o incrementen Derechos de Exportación, sin perjuicio de que tales disposiciones tengan efectos a partir de su ratificación o aprobación legislativa, si tal cosa ocurriera.

En tanto la normativa constitucional resulta idéntica, todo lo antedicho es aplicable a la materia de los Derechos de Importación.

Rivero es abogado y asesor de la Vicepresidencia 3° de la Cámara de Diputados de la Nación.