“No hay mayor delito económico, no hay mayor crimen económico que el del modelo de acumulación despiadada que hoy domina el mundo. No hay ninguna de las otras formas de violencia que produzca la cantidad de muertos, inválidos, heridos de las formas más diversas que la injusta distribución de la riqueza”, expresó este viernes Carlos Heller, diputado nacional del Frente Nuevo Encuentro y presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, en el marco de la mesa redonda “¿Qué respuesta han dado los gobiernos ante los llamados crímenes económicos y financieros?”, organizada por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).

En ese marco Heller sostuvo que “todo este proceso y modelo de concentración atenta contra la democracia indefectiblemente, porque finalmente, si no es a palos, esto es muy difícil que se pueda sostener”, sostuvo Heller y citó a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía para acercar una posible solución: “Dice Stiglitz: ‘Simples cambios, incluyendo la aplicación de niveles más altos de impuestos a las ganancias al capital y las herencias, un mayor gasto para ampliar el acceso a la educación, la aplicación rigurosa de las leyes antimonopolio, reformas a la gobernanza corporativa que contengan los salarios de los ejecutivos, y regulaciones financieras que frenen la capacidad de los bancos para explotar al resto de la sociedad reducirían notablemente la desigualdad y aumentarían la igualdad de oportunidades de una forma manera’”.

“Claro que para poder hacer todo eso hay que generar nuevas relaciones de fuerza y de poder. Son cosas que se pueden decir rápidamente pero que son difíciles de llevar a la práctica porque estamos hablando de jugadores con fuerzas absolutamente diferentes”, advirtió el legislador.

Heller concluyó señalando que “el sistema primero construye una legalidad jurídica y luego se apoya en ella para defender sus intereses. Por eso, permanentemente decimos: en la Argentina hay que terminar de derrumbar la estructura jurídica que se construyó desde la dictadura en adelante para construir una nueva seguridad jurídica, otro cuerpo de leyes distinto. También en el mundo hay que construir otra seguridad jurídica, que defienda los intereses de los 3.500 millones de personas más pobres y no de las 85 más ricas”.