El Senado comenzará a debatir en comisión el proyecto consensuado entre la Casa Rosada y las provincias petroleras. UNEN anticipó su rechazo y el FIT presentó un alternativa.
Llegó el turno del Congreso en el debate de la reforma petrolera. Luego de que la Casa Rosada y las provincias petroleras consensuaran un proyecto para modificar la Ley de Hidrocarburos, los senadores se encargarán de abrir el debate parlamentario sobre uno de los temas cruciales para el desarrollo del país.
La discusión comenzará el martes a las 11 en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, a cargo del neuquino Marcelo Fuentes (FpV); de Presupuesto y Hacienda, que conduce el bonaerense Aníbal Fernández (FpV); y de Minería, Energía y Combustibles, cuyo titular es el neuquino Guillermo Pereyra (MPN).
Aunque hasta el momento no se anunciaron invitados, se prevén exposiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo y de los gobernadores que participaron de la elaboración del ante-proyecto.
En tanto, bloques de la oposición se adelantaron al debate en comisión y anticiparon su rechazo al proyecto oficial.
Para el Frente Amplio UNEN, la iniciativa “convalida el actual y decadente statu quo en materia de concesiones y avala irritantes privilegios al prorrogar sin competencia licitatoria áreas ya adjudicadas”.
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), por su parte, elaboró una propuesta alternativa y mucho más radical: impulsa la estatización de toda la industria hidrocarburífera y la anulación de todas las concesiones a privados, sin indemnización alguna.
La propuesta oficial
El Gobierno nacional precisó que la nueva Ley de Hidrocarburos permitirá “generar un importante ahorro de divisas y atraer mayores inversiones para aumentar la producción y generar más fuentes de trabajo”. Además, buscará “actualizar la ley vigente y adecuarla a las nuevas oportunidades que se presentan al país como son los recursos no convencionales, off-shore y la recuperación terciaria”.
El proyecto establece un 20 por ciento de libre disponibilidad para la exportación de la producción petrolera por parte de las empresas extranjeras que decidan invertir en el sector.
Entre otros aspectos, el proyecto establece nuevos plazos para las concesiones, al ampliar y diferenciarlos. La nueva norma habilitaría 35 años para los yacimientos no-convencionales y 30 años para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración.
Para las nuevas licitaciones, en tanto, el proyecto determina que “se suprimen las reservas de áreas”, mientras que las empresas provinciales “podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión”. La iniciativa, por otra parte, “no afecta los derechos adquiridos de los actores concesionarios y/o los contratos vigentes en cada una las provincias como así también en las empresas públicas provinciales”.
También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un “pliego modelo” a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.
Sobre la extensión de las concesiones, las provincias podrán otorgar prórrogas de diez años a quienes cumplan con las inversiones comprometidas. El proyecto dispone que “en cada extensión otorgada las provincias podrán incrementar en un 3% las regalías con un tope del 18%”.
