El diputado nacional Manuel Garrido solicitó al Consejo de la Magistratura que designe un consejero informante para que analice las resoluciones adoptadas por los diferentes jueces que intervinieron en el juicio realizado contra Ricardo Jaime por la recepción de dádivas.

Es en el marco de la causa 2160/09 en la cual se investiga la presunta comisión del delito de aceptación de dádivas (Art. 259 CP) por parte del ex Secretario de Transporte Ricardo Jaime, en trámite ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nro. 10 a cargo el doctor Julián Ercolini que tiene fecha para el juicio oral el próximo 17 de octubre.

El exfiscal consideró que esta medida es necesaria para determinar las razones de la demora de más de 5 años en la concreción del juicio oral -que conforme es de público conocimiento, estaría a punto de prescribir-.

Además solicitó que se evalúe la eventual responsabilidad de los jueces intervinientes a efectos de que la Comisión de Disciplina y Acusación adopte las medidas que considere pertinentes, en el caso de que no hubiera legítimas razones para la demora.

Garrido recordó que “ya en la denuncia que da origen a esta causa y que realizamos en 2008 desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas advertíamos que debido a que este delito tiene uno de los plazos más bajos de prescripción” y agregó “es increíble que estemos ante un panorama en el cual Jaime sea declarado inocente sin un juicio justo”.

En la nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura, Alejandro Sánchez Freytes, el diputado Garrido informó que “diversos artículos periodísticos y comentarios que circulan en tribunales, dan cuenta de que pese a que se ha fijado audiencia oral –luego de múltiples planteos y recursos manifiestamente inconducentes- para el próximo 17 de octubre, ese día la defensa recurriría a un nuevo artilugio (probablemente la renuncia del abogado) para concretar una nueva demora que llevaría inexorablemente (con la tolerancia o impotencia judicial) a que se opere el curso de la prescripción de la acción penal, lo que ocurriría el próximo 22 de octubre”.

Agregó que “dada la inusitada gravedad de lo que se manifiesta, en la medida en que nos hallamos ante una causa judicial en la que se investigan hechos de corrupción cuya impunidad el Estado se ha comprometido a combatir a través de diversos tratados internacionales, es que me dirijo a ese órgano de esta manera, solicitando su intervención a fin de resguardar la integridad de la administración de justicia”.

De acuerdo al art. 10 de Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, se puede designar un Consejero informante para que revise y analice las demoras que sufrió este proceso.

En su presentación, el diputado Garrido solicitó, además de la designación del consejero que oportunamente, y de corresponder, se formule la acusación que corresponda.