El senador Ernesto Sanz cuestionó a quien lo había antecedido, Marcelo Fuentes, respecto a la necesidad de aclarar qué intereses defendían en sus exposiciones. “Nosotros no necesitamos, cuando hablamos de la soberanía energética, andar aclarándole a nadie a qué intereses necesitamos”, remarcó el presidente del radicalismo, recordando que la defensa de los recursos energéticos es una conducta histórica de su partido. “En el caso nuestro, que lea historia y ahí va a ver cuál es la línea de la Unión Cívica Radical, porque en ese tema no hemos tenido dobleces”, destacó el mendocino.

El miembro informante del radicalismo destacó la importancia del debate al señalar que “estar discutiendo esta ley significa que por primera vez en la historia de la República Argentina un Congreso va a discutir una ley de hidrocarburos”, destacando que lo que hubo antes siempre fueron resoluciones o normas aisladas.

Dijo en ese sentido que “después de 50 años el país merece una ley integral de hidrocarburos”, cosa que no representa el proyecto en discusión, señaló. También rechazó que lo que estaba en discusión formara parte de “un plan nacional de energía, autoabastecimiento”. Es más, agregó, “hace mucho tiempo que en la Argentina no hay un plan”, y aclaró que eso no es privativo del actual Gobierno, y en ese sentido dijo que se impone una autocrítica. Se quejó de “la política del péndulo” y señaló que se pasó al “Estado centrismo”.

“Tan negativo ha sido el Estado ausente, que dejó en manos del mercado la explotación de los recursos, como el Estado ineficiente”, planteó Sanz. Recordó la presentación que hizo Julio De Vido ante los senadores, donde habló de un plan energético, cosa que él rechazó. “Nunca hubo un plan”, y recordó la ley que creó Enarsa, que definió como “la primera decisión estratégica” que adoptó el Gobierno en la materia. “Nosotros votamos a favor, a pesar de todas las reservas y prejuicios que teníamos”, recordó, porque “siempre creímos que el Estado tiene que tener un rol activo”. Pero admitió que “con el tiempo esa creación de Enarsa ha terminado en el reconocimiento del fracaso del Estado” en la materia.

“Terminó siendo una inmobiliaria de estos derechos que hoy vuelven a la Secretaría de Energía”, dijo el senador radical.

Reconoció que “la ley corta no puede ser caratulada como un fracaso, es un avance”, y recordó que también la votaron considerando que “era la consolidación de lo escrito en la reforma (constitucional) de 1994”. Pero aclaró que eso tampoco puede ser exhibido como parte de un plan exitoso, porque “tampoco dio sus resultados”. Si hubiera sido buena, “no estaríamos discutiendo esta ley”, estimó.

Ernesto Sanz dijo que “no hay salida para las provincias si no es junto a la Nación, y eso faltó en esta ley”. Para el radical, la norma tiene el solo objeto de “salir a buscar inversores”.

Volvió sobre las palabras de Fuentes al hablar de Repsol, preguntándose “qué intereses se defendían” cuando el Gobierno acompañaba la tarea de los españoles al frente de YPF, y cuestionó la no fiscalización por parte de la Nación. “Esos miles de millones de dólares que el Gobierno permitió que se fueran, son los que ahora se buscan desesperadamente –remarcó-. No hubo plan”.

Le salió al cruce Miguel Pichetto, quien en tono moderado recordó que parte de la crisis de 2001 motivaron entre otras cosas precios de las naftas más baratos, y recordó que hubo tarifas baratas, los combustibles más baratos de la región, financiados por el Estado nacional. “Si el valor del crudo no coincide con el internacional, puede ser un factor desmotivante” para las inversiones. En ese sentido dijo que la política fue tratar de mantener precios sostenibles para los ciudadanos y las industrias. “Esto hoy se busca revertir con una ley más realista”, aclaró.

Sanz consideró que ambas cosas no son incompatibles. Puntualizó que nunca debió descuidarse el plan hidrocarburífero. Y vinculó la pérdida del autoabastecimiento con el “descalabro” de la economía.

Estimó que “el punto flojo sigue siendo la autoridad de aplicación”, que a su juicio “no puede ser el mecanismo único de resolución” de conflictos. No es bueno, a su juicio, que las provincias sean las que decidan en última instancia. “El mecanismo era, en vez de incentivar la continuidad, incentivar la competencia”, planteó.