La primera denuncia penal contra la presidenta Cristina Kirchner y los legisladores kirchneristas y aliados que votaron la nueva Ley de Abastecimiento fue ratificada y ampliada este martes por Martín Carranza Torres, presidente del partido cordobés Liberal Republicano.

La denuncia original se presentó el 22 de septiembre y recayó en el juzgado de Sebastián Casanello.

Carranza Torres denunció penalmente “a la Presidenta, a los autores y legisladores que votaron a favor y a todo responsable de la Ley de Abastecimiento por considerarla inconstitucional, según lo dicho por el artículo 29 de la Carta Magna”, según se explicó en un comunicado.

“La Ley de Abastecimiento viola el artículo 29 de la Constitución Nacional y, de esa manera, deja indefensos a los ciudadanos ante las posibles agresiones ilegítimas del poder central que afectarán la paz social”, justificó Carranza Torres.

Y agregó: “Además, elimina las garantías constitucionales de los ciudadanos de a pie, delegando en un funcionario no elegido por el pueblo y de menor rango (secretario de Comercio) facultades extraordinarias que ponen el honor y la propiedad de los ciudadanos a merced de su discrecionalidad”.

El artículo 29 de la carta magna establece: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

Los empresarios de las principales cámaras del país, agrupados en el G6, también anunciaron que irán a la Justicia contra la norma, pese a los intentos del Gobierno por impedirlo, con la promesa de que ciertas regulaciones se flexibilizarían con la reglamentación de la ley.