Con la presencia del defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, del Movimiento Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina y de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, de jubilados de distintas organizaciones y de un conjunto de diputados adherentes al proyecto, será presentado en audiencia pública un proyecto de ley por 3.000 pesos de emergencia para todos los jubilados y pensionados, a iniciativa de los diputados Néstor Pitrola y Pablo López, por la banca del bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores, tiene el respaldo de los diputados.

La audiencia pretende ser el inicio de una campaña nacional, difundiendo el proyecto de ley, promoviendo reuniones abiertas con jubilados y pensionados en todo el país, con el objetivo de reagrupar y organizar un movimiento por el aumento de emergencia, que forma parte de la defensa del 82 % móvil del salario testigo en actividad actualizado.

Los 3.000 de emergencia expresan, casi matemáticamente, un aumento que lleva el haber mínimo del jubilado -3.231,63, percibidos por el 52.8 %- al monto de la canasta de necesidades básicas elaborada por la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la CABA, actualizada a agosto. Este organismo releva dos veces al año una canasta básica de gastos, que determinó que los adultos mayores necesitaban $ 5.677 para llegar a fin de mes, en mayo de este año. Si la evolución de los precios sigue su ritmo actual, a lo largo del año los jubilados y pensionados habrán perdido un 9 % de poder adquisitivo (CIPPEC, agosto 2014).

El texto del proyecto de ley es breve. Plantea el reclamo y especifica que el financiamiento no debe provenir de “la saqueada ANSES”, dicen. Establece que los fondos para este aumento deben provenir de Rentas Generales, sobre la base de un impuesto extraordinario a la renta financiera, la reposición de los aportes patronales vigentes hasta 1993 y los impuestos progresivos al capital necesarios hasta cumplir las necesidades emergentes de esta ley.