Desde el mediodía, la Cámara de Diputados debatirá los cambios a la Ley de Hidrocarburos, que la oposición rechaza. También se autorizará a la presidenta a ausentarse del país en 2015.
En un debate que se prevé arduo y extenso, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados buscará sancionar la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que conseguiría sólo con votos propios y de bloques aliados.
Con ese fin, el oficialismo convocó a una sesión especial para 11.45, donde también se aprobará un proyecto que autoriza a la presidenta de la Nación a ausentarse del país en 2015 por razones de Gobierno.
La reforma petrolera es rechazada por todo el arco opositor, que sostiene que la iniciativa avasalla las autonomías provinciales y sólo beneficia a las empresas, además de “blanquear” las condiciones del polémico acuerdo firmado entre YPF y Chevron por Vaca Muerta.
En la vereda de enfrente, el oficialismo asegura que la norma abrirá a las inversiones que se necesitan para recuperar el autoabastecimiento energético, y que garantizará un proceso de licitación competitivo.
Pero a la hora de votar, el kirchnerismo no contará con el apoyo habitual del Movimiento Popular Neuquino, que se alineará con el rechazo planteado en el Senado por el sindicalista petrolero Guillermo Pereyra.
El proyecto fue acordado tras varios meses de negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
El texto fija nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones.
Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración. Estas no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares, en todos los casos.
Para adjudicar las concesiones, el texto establece un mecanismo de licitación competitiva, de modo de otorgarlas a las empresas que ofrezcan la mayor inversión.
Para las nuevas licitaciones, en tanto, el proyecto suprime las reservas de áreas, mientras que las empresas provinciales “podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión”.
También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un “pliego modelo” a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.
El proyecto establece que el concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente en concepto de regalía un 12 por ciento.
Por cada prórroga otorgada, las provincias podrán incrementar en un 3 por ciento las regalías, pero con un tope del 18 por ciento.
