Los senadores analizarán que decisión llevar al recinto frente al proyecto propuesto por el Ejecutivo. Destacaron los cambios introducidos y presentarán dos iniciativas complementarias.
La UCR definirá en la próxima reunión de bloque su posición frente al proyecto de Código Procesal Penal, sin perjuicio de considerar la necesidad de reformar el actual el sistema procesal penal inquisitivo por uno acusatorio que otorgue mayor agilidad a la investigación del delito y al debido proceso.
El oficialismo, por su parte, aceptó modificaciones propuestas por el radicalismo en diversos puntos del proyecto.
El bloque de la UCR informó, además, que presentará dos iniciativas complementarias. Una norma reglamentaria del Juicio por Jurados previsto en la Constitución nacional e incorporada en el proyecto en debate. Y una reforma a la ley del Ministerio Público que establezca los controles internos y externos del organismo y la actuación de los fiscales, su designación o remoción. “Necesitamos fiscales que no estén sometidos. Debe garantizarse la independencia de los fiscales y del Ministerio Público”, dijo al respecto el titular de la bancada, Gerardo Morales.
Desde el inicio del debate en el Senado, Morales reprochó al oficialismo que el proyecto contenía una serie de inconsistencias, inconstitucionales o reñidas con tratados internacionales a las que la Argentina suscribió desde hace tiempo. Asimismo, alertó sobre la reiteración de normas vigentes en la legislación de fondo. La UCR impulsó, entonces, modificaciones que fueron receptadas por el oficialismo en el dictamen.
En tal sentido, el presupuesto de la “conmoción social” en la prisión preventiva fue eliminado del texto. Además, se contempló la sanción del Senado sobre “decomiso anticipado” del pasado 17 de septiembre -sobre proyectos de la UCR, el FAPUnen y el FPV- para los delitos de narcotráfico y trata de persona que no estaban previstos. Se quitó el artículo 41° quinquies del Código Penal que hacía referencia al delito de terrorismo (que fuera cuestionado por la UCR en oportunidad del tratamiento de la modificación al Código Penal por considerarla incluida a la protesta social).
La UCR rechaza por estar contemplado en la Ley de Migraciones, y aún con la reforma propuesta por el FPV al proyecto original, la suspensión del juicio a prueba para el caso de expulsión de extranjeros irregulares que cometieran delito in fraganti.
“Se va a terminar persiguiendo y estigmatizando a los extranjeros –reiteró Morales-. Esta norma no sirve. Es ineficaz. Viola las garantías constitucionales de los artículos 16, 18 y 20. No garantiza ni la defensa en juicio ni el principio de territorialidad, tampoco el de igualdad ante la ley”.
Ante objeciones sobre diversos institutos incluidos en la iniciativa oficialista, y en base a propuestas de especialistas en la temática, el bloque radical ha formulado varias normas alternativas. Concretamente, no incorporar en el CPP normas previstas en la legislación de fondo. Por ejemplo, la “suspensión de juicio a prueba”, comúnmente conocido como probation.
En el mismo sentido, la UCR propone una la profunda modificación al artículo 5 sobre cosa juzgada irrita, y al apartado 239 sobre sobreseimiento en caso de corrupción, entre otros ítems. Además, promueve la anulación del Anexo II de la iniciativa que prevé la creación de una cantidad excesiva de nuevos cargos, ya que la estructura de Ministerio Público debe ser resuelta por la comisión bicameral que se crea en la misma ley.
