El jefe de Gabinete presentó siete objetivos legislativos del Gobierno para 2014: pocos se concretaron, unos se apartaron y otros se agregaron a la agenda.
Por Pablo Riveros
Una de las novedades que trajo la gestión de Jorge Capitanich en la Jefatura de Gabinete fue la presentación de 204 objetivos y sus consiguientes 272 metas de Gobierno para 2014. A nivel parlamentario, esta agenda contempla la sanción de cinco leyes concretas, “legislación laboral para colectivos vulnerables” y el acuerdo del Senado para la cobertura de cargos vacantes en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal.
Pero todo indica que la Casa Rosada solo cumplirá con la mitad de los objetivos legislativos presentados en enero, ya sea por decisión política o porque modificó sus intenciones.
El primero que concretó fue la sanción del primer Digesto Jurídico, una obra salomónica de depuración de la legislación vigente desde 1852, encomendado al Congreso por la reforma constitucional de 1994. El proyecto fue elaborado por un grupo de juristas y llegó al Parlamento en julio de 2011 por iniciativa de la presidenta Cristina Kirchner. Diputados y senadores lo analizaron en una comisión bicameral hasta sancionarlo en mayo de este año, con apoyo transversal. De las 33 mil leyes vigentes, tratados y DNU, solo quedarán 3.351.
Luego le siguió el nuevo Código Civil y Comercial, que ya contaba con media sanción del Senado cuando el ministro presentó la agenda del Ejecutivo. La normativa fue aprobada el 1 octubre, luego de dos años de análisis por parte de legisladores, juristas, miembros de la Corte Suprema de Justicia y asociaciones civiles que expusieron en audiencias públicas en todo el país.
Lamentablemente semejante obra quedó atravesada por una controversia entre el oficialismo y el arco opositor, que impugnó la metodología de tratamiento del proyecto y renunció a votarlo en ambas cámaras.
Agenda reformulada
Uno de los objetivos que no se cumplirán este año es la reforma integral del Código Penal. Por supuesto que ni el oficialismo ni los integrantes opositores de la comisión multipartidaria que redactó el proyecto pensaban que esta iniciativa iba a quedar envuelta en un escándalo que frenó su tratamiento parlamentario. De hecho, ni siquiera entró al Congreso.
Con el envión que le proporcionó su triunfo electoral en provincia de Buenos Aires, el diputado Sergio Massa inició una campaña para desprestigiar el proyecto por su excesivo “garantismo”. Pronto se sumaron sectores de la UCR y del Pro, que dejaron en soledad a sus representantes en la comisión redactora, y la discusión pre-parlamentario se tornó en una disputa por la interpretación del texto.
Con todo, el Gobierno perdió la capacidad de direccionar el sentido del debate y mandó a discutir el proyecto a las universidades.
El mismo futuro tiene asegurado la reforma de la Carta Orgánica del Servicio Penitenciario Federal (SPF), otras de las metas de Gobierno presentadas en enero.
Desde el oficialismo explicaron a Semanario Parlamentario que la reforma se frenó por “diferencias” que surgieron al interior del Ejecutivo,motivadas por la alteración de los titulares del SPF y “errores de gestión”. La iniciativa era promovida por Víctor Hortel pero pasó a revisión con la llegada de Alejandro Marambio y un cambio en la “corriente de políticas públicas” para el área. Sin embargo, un nuevo cambio de autoridades dejó al proyecto en el limbo y la fuga de presos pasó a concentrar la atendió del SPF.
La creación del Código Contencioso Administrativo Federal, explícita en el programa de Gobierno, tampoco verá luz este año ya que ni siquiera se insinuó su tratamiento. Había sido un anuncio de Cristina: “no se puede mantener la relación comercial y civil con el Estado, que debe tener una normativa especifica porque su rol no tiene absolutamente nada que ver con el que cumplía cuando Vélez Sarsfield creó el Código Civil allá por el siglo XIX”, dijo la presidenta ante la Asamblea Legislativo del 1 de marzo. Por ahora, el kirchnerismo se contenta con la Ley de Responsabilidad del Estado que acompañó el nuevo código.
También hubo avances a medias en el objetivo de “promover legislación laboral de carácter protectorio para distintos colectivos vulnerables aún no cubiertos, tales como el trabajo a domicilio, teletrabajo y otras situaciones de precariedad laboral”.
En rigor, el Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares había sido aprobado en 2013, por unanimidad. El estatuto para los trabajadores de “call center” privados, en cambio, fue frenado por el propio Ejecutivo luego de que diputados y senadores firmaran sendos dictámenes, con bloques a favor y en contra.
Los proyectos buscan mejorar las condiciones de trabajo de los empleados de empresas privadas y establece límites a la jornada laboral. No obstante, desde el Ejecutivo confiaron a Semanario Parlamentario que se está trabajando en una propuesta “superadora”.
Las novedades en materia de legislación laboral para colectivos “vulnerables” vinieron de la mano de otras leyes. A principios de año el Congreso aprobó un proyecto del Ejecutivo que estableció sanciones para las empresas con empleados en negro y que redujo las cargas patronales de las pymes para fomentar la creación de empleo registrado. Por otra parte, el diputado Héctor Recalde aseguró que el nuevo Código Civil y Comercial “amplió” los derechos de los trabajadores.
Finalmente, también se registran avances en el acuerdo del Senado para los candidatos del Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal.
Nuevos objetivos
En el transcurso del año, el kirchnerismo explicitó otros objetivos legislativos que no estaban en la agenda formal de enero, ya sea por criterio político o porque surgieron luego. La mayoría giró en torno a dos temas cruciales para la economía: dólares y precios.
En relación al primero, el Congreso aprobó el acuerdo con Repsol y la nueva Ley de Hidrocarburos, con la intención de obtener divisas vía inversiones extranjeras.
Atento a la presión sobre el sector externo, el tema de la deuda sin lugar a dudas también estaba en la agenda del Ejecutivo; aunque la incertidumbre del litigio con los fondos buitre hacía imposible adelantar los pasos a seguir. Por ahora, al Congreso le tocó sancionar la ley para reemplazar a Estados Unidos por Argentina o Francia como lugar de pago.
La “cuestión de los precios” también fue atendida por el Gobierno: se aprobó la nueva Ley de Abastecimiento y la creación del fuero para consumidores y del Observatorio de Precios. Mientras tanto, el discurso oficial hace cada vez más hincapié en la inflación oligopólica.
Por otro lado, con el sabor amargo que le quedó por la fallida reforma judicial de 2013, el kirchnerismo avanzó en su intento de “democratizar la Justicia” con el tratamiento de la reforma integral del Código Procesal Penal. Con esta iniciativa, los jueces delegarán toda la investigación en los fiscales, quienes podrán contar con ayuda las víctimas; se establecerá la oralidad del proceso y habrá juicios abreviados, entre otras cosas.
Finalmente, a poco tiempo del cierre del año parlamentario, queda una cuestión llamativa.
Los gobiernos kirchneristas promovieron reiteradamente reformas electorales: en 2005 se unificaron los comicios legislativos en todo el país; en 2009 se crearon las PASO y se garantizó el acceso de los partidos a los medios; en 2012 se habilitó el voto optativo a los 16 y en 2013 se intentó la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Habrá novedades para las elecciones de 2015? Proyectos se conocen; la intención de CFK, no.
