El proyecto de Ley de Argentina Digital, pretende modificar regresivamente la Ley 26522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, y el Decreto Ley de Telecomunicaciones 19798/1972, actualizado por el Decreto 764/2000, que se utilizó para la subasta de frecuencias 3G y 4G, que terminó beneficiando a las empresas de telefonía móvil.

La iniciativa declara servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarias de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC), lo que habilita a la regulación de las tarifas en el mercado mayorista.

Pero no regula las tarifas en el mercado minorista. Es decir, las relaciones de las empresas con los usuarios. Además, en la telefonía fija, en este sentido se genera un claro retroceso. Porque al dejar de ser un servicio público en su relaciones con los usuarios, podrán aumentar las tarifas cuando se les ocurra, como sucede actualmente con la telefonía móvil.

Además, se autoriza a las compañías telefónicas a brindar servicios de televisión, con el argumento de sumar competencia a las empresas de cable. Pero las telefónicas van a poder abarcar todo el país con 4 servicios simultáneamente. En cambio, por la Ley de Medios, las empresas de cable solamente pueden llegar a una mínima parte del territorio nacional. Es decir, se acentúa la concentración, produciendo menor competencia.

Las cooperativas telefónicas que tienen las licencias más antiguas del país, quedarán en clara desventaja frente a los grandes monopolios telefónicos, y además, se verán perjudicadas con la eliminación de la tarifa de larga distancia nacional, porque dentro de sus zonas de influencia operan con la tarifa plana.

Esta bien que se elimine la tarifa de larga distancia nacional para el resto de las operadoras, pero se tiene que contemplar en el texto de la ley, la situación particular de las entidades cooperativas.

La convergencia es una realidad que se da en muchos países, pero para ello hay que otorgar plazos y facilidades para que los pequeños operadores se pongan en condiciones de poder competir.

Se habilita a que una misma empresa pueda dar todos los servicios al mismo tiempo. Esa posibilidad puede reducir costos, y teóricamente precios. Pero para ello es necesario que exista una competencia real, situación que no se da con este proyecto.

Además, no se sabe quién será la autoridad de aplicación, y lo que es más importante aún, que organismo va a realizar el control, y cómo va estar integrado.