Ante la polémica generada por el accionar de los servicios, el legislador radical advirtió que el kirchnerismo “se acuerda ahora, pero bloqueó durante una década las reformas”.
El diputado nacional Manuel Garrido (UCR-CABA) consideró tardía la iniciativa del Gobierno de tratar una nueva Ley de Inteligencia.
Garrido , quien ya había realizado observaciones a la actual Ley 25.520 de Inteligencia Nacional en el año 2001, 2003 y 2005, en 2012 desde el Congreso de la Nación presentó un nuevo proyecto de Ley que el oficialismo nunca trató en Comisión. Y que volvió sin suerte a presentar nuevamente en 2014.
De acuerdo con el exfiscal “la reforma de la Ley de Inteligencia continúa siendo una asignatura pendiente de este Congreso por varias razones. Principalmente, porque la actividad en general y de la Secretaría de Inteligencia en particular son cuestionadas públicamente por el uso abusivo de los mecanismos de inteligencia, por casos de corrupción de funcionarios públicos, por causas “armadas” a dirigentes opositores y por el claro involucramiento en la muerte del fiscal Nisman, entre otras cuestiones”.
Según Garrido “la actual ley no prevé los mecanismos de transparencia y acceso a la información necesarios para un control completo de la actividad y es necesario encauzar, definitivamente, los servicios de inteligencia dentro de los límites del Estado de Derecho”.
En su proyecto, el diputado radical señala que “la experiencia de los órganos de investigación de corrupción en los últimos diez años, en los que lamentablemente varios de los casos más significativos han estado asociados al manejo de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia. Tales abusos son posibles por la falta de una regulación adecuada del registro y el control de tales gastos, aspectos que este proyecto procura corregir con normas más exigentes y detalladas y la previsión de auditorías que con resguardo de la reserva que impone la actividad garanticen a su vez su debida supervisión”.
Garrido prevé en su proyecto “corregir un vacío inconstitucional de las actuales normas, que permiten que ante la negativa del Presidente a brindar información a un juez, éste carezca de la posibilidad de cuestionar esa decisión, generándose un espacio en que la Administración no se halla sometida a la revisión judicial suficiente garantizada desde antaño por la jurisprudencia de la corte Suprema de Justicia de la Nación. A fin de remediar ese aspecto, se prevé las intervención de la propia Corte para dirimir eventuales conflictos de interpretación”.
Además de incluir a la SI en una nueva Ley de Acceso a la Información Pública, Garrido propuso hace años ampliar las competencias de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Actividades de Inteligencia, permitiéndole citar personas y realizar auditorias con la intervención de la Auditoría General de la Nación, como así también elaborar un informe público anual sobre ese control.
Garrido afirmó que “la reforma de los servicios de inteligencia es una asignatura pendiente de la democracia y que el Gobierno no es ajeno a la situación que ahora critica”.
“Por acción y por omisión, al haber ignorado proyectos valiosos que duermen en el Congreso y que inclusive han sido reclamados por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó.
