El diputado radical Juan Casañas se expresó duramente contra la Resolución 32/2015 del Ministerio de Agricultura de la Nación, publicada el viernes en el Boletín Oficial, que dispone la obligación de que cada entrega de granos realizada por un productor agropecuario esté lacrada y se haga un análisis de calidad en alguno de los laboratorios registrados ante el Ministerio de Agricultura.

Específicamente, la resolución dispone que las partes intervinientes en una operación de compraventa de cebada forrajera, girasol, maíz, soja, aceite de soja, sorgo, o trigo, deberán lacrar una muestra representativa de cada camión, vagón o barcaza descargado. Entonces, el comprador o el receptor de la mercadería deberá enviar dicha muestra a algún laboratorio de análisis de calidad registrado ante Agricultura. El incumplimiento de esta obligación traerá aparejadas sanciones para las partes.

En este marco, varios puntos de entrega de granos en todo el país, comenzaron este lunes a descontar montos superiores a los $300 por camión, del precio pagado al productor, para cubrir el costo de dicho análisis.

“Es mentira que el objetivo de la resolución sea buscar la ‘transparencia’ y la ‘independencia’, en la entrega de los granos. La única realidad es que este es un negocio de unos pocos laboratorios, y otra vez el perjudicado es el productor. Hoy, los puntos de entrega ya empezaron a descontar el costo del análisis, que llega a más de $300 por entrega, al agricultor”, sostuvo el tucumano.

Casañas añadió que “como siempre, los agricultores terminamos financiando los negocios ajenos. Se juntan un puñado de burócratas con algunos empresarios inescrupulosos en un escritorio en Buenos Aires, e inventan este negociado sin importarles el interior del país”.

El agrodiputado concluyó reclamando “la inmediata suspensión de esta medida”, y adelantó que “por supuesto, vamos a presentar que se elimine definitivamente en el Congreso de la Nación”.