Distintas investigaciones económicas y sociales prueban cómo en los últimos años se agrandaron las diferencias y resulta mucho más barato cualquier servicio público en Buenos Aires y el área metropolitana, donde se paga mucho menos el boleto de colectivo, la factura de luz, el precio del gas y el litro de nafta.

Gracias a los subsidios que discrecionalmente reparte el gobierno nacional las distorsiones de precios que más duelen en el interior del país se sienten en las tarifas de los servicios públicos, como la electricidad.

El Ministerio de Planificación impulsó convenios para mantener congeladas las tarifas eléctricas en 16 Provincias. Lo digo así con mayúsculas, porque “Provincias” es una palabra que no merece seguir siendo minúscula ante la Nación. Y también porque nos resistimos a la vieja acepción del derecho romano, de “pro-vincere”, que nombraba así al “lugar de los vencidos”.

Pero el congelamiento actual no alcanza a borrar las grandes diferencias que se registran a nivel nacional, en vista del fuerte atraso tarifario que se mantiene en Buenos Aires, donde el Valor Agregado de Distribución (VAD) varía muy significativamente concentrando el peso de los subsidios en el área metropolitana.

Se estima que en la actualidad un usuario del Nordeste, Córdoba o Santa Fe, paga alrededor de seis veces más que un consumidor porteño con igual consumo. Esta situación se mantiene y profundiza desde 2008 cuando se hizo la última actualización del cuadro tarifario en el área metropolitana, mientras en las Provincias se siguieron actualizando anualmente.

A su vez, si se eliminaran los subsidios y se actualizaran las tarifas con el costo real de generación eléctrica, las facturas de Edenor y Edesur deberían multiplicarse por catorce, dada la brecha de precios existente, que ya algunos reconocen entre Capital e interior, como “la guerra de las distorsiones” (Conf. La Nación, Alfredo Sainz,4-3-2015).

También el litro de nafta súper en la mayoría de las capitales del interior del país sigue por encima de los 13 pesos, contra los 11,31 de Buenos Aires, donde el valor mínimo del boleto de colectivo sigue en 3 pesos, mientras en el interior siguen los aumentos del transporte urbano en 2015. En San Juan, Paraná y Tucumán el boleto pasó de 4 a 5 pesos. En Posadas el mínimo subió 20 % y llegó a 5,10 pesos, mientras en Córdoba el boleto se llevó a 7,15 pesos, pero gracias a las protestas de los vecinos se mantuvo en $6,43, el más alto del país, que es un 114 % mas caro que en la Capital.

No me cansaré de denunciar estas asimetrías de nuestro desarrollo humano y social y de reclamar se corrijan los aspectos más irritantes de la política de subsidios del gobierno nacional.

Como he dicho en diversos proyectos parlamentarios de mi autoría, nuestra electricidad más cara es el resultado de una política discrecional de actualización de los valores de distribución por regiones, donde pierde siempre el interior, y a su vez, donde el impacto de los subsidios ha beneficiado más a los ricos que a los pobres, ya que no se ha implementado tampoco una tarifa social. Esto es, un programa permanente para los sectores más vulnerables que les asegure el acceso a un umbral de consumo con pecios subsidiados, dentro de un marco regulatorio que evite la ineficiencia, el derroche y el clientelismo.

El Chaco debe obtener un remedio federal permanente a la suba de tarifas, un claro compromiso de financiamiento del gobierno nacional que nos permita establecer compensaciones tarifarias. De lo contrario, seguiremos sufriendo las consecuencias de un unitarismo fiscal en los hechos, que ha abierto las puertas a los mayores abusos del gobierno central contra el interior del país y que significa en la práctica el abandono del proyecto federal de nuestra Constitución Nacional, sin el debate adecuado ni la menor resistencia de nuestras provincias.

No está de más decir que el panorama descripto tiene enormes consecuencias sobre la calidad de nuestra democracia. El país deberá afrontar en poco tiempo el desafío de las mayores reformas estructurales para resolver estas fuertes asimetrías en la aplicación de los subsidios, que no solo afectan a nuestros ciudadanos como consumidores, sino al conjunto de nuestras economías regionales. Más tarde o temprano, habremos de diferenciar la ética de los discursos y del relato, frente a la realidad de la gestión y las conductas.