En nuestro país, cada 35 horas una mujer muere por femicidio, es decir, es asesinada por violencia sexista. A esta trágica realidad debemos agregar las mujeres víctimas de violencia por sus parejas o ex parejas, las que sufren violencia sexual, y las atrapadas en las redes de trata y prostitución forzada cuyos números no se conocen realmente. La prueba más rotunda se advierte al indagar sobre los femicidios: no hay estadística oficial alguna. Los datos disponibles surgen de un relevamiento realizado por La Casa del Encuentro, una ONG que a fuerza de compromiso de sus voluntarias, recolecta información publicada en los diarios del país. El dato es, por consiguiente, parcial dado que solo registra los femicidios que se publican en medios masivos de comunicación.

Esta violencia es la expresión profunda de la discriminación y la desigualdad a la mujer que es transversal a todas las áreas (familiar, laboral, social, etc.).

Esta violencia es también una realidad que muestra que no es suficiente la sanción ni el reconocimiento legal de los derechos si no se aplican ni se implementan políticas públicas integrales. El ejemplo más claro es la ley 26.485 de violencia contra la mujer. Un avance legislativo importante pero con escasa implementación en el país dado que el acceso a la justicia sigue limitado y la telaraña judicial es tan engorrosa, lenta e inoperante, que termina castigando a la propia víctima.

El balance de la actuación judicial está lejos de ser satisfactorio. Muchas decisiones judiciales, prácticas y actuaciones de los fiscales y jueces se nutren de estereotipos y preconceptos discriminatorios . Los casos más generalizados dan cuenta de la tendencia a minimizar la importancia de las situaciones de violencia, a descreer en el relato de la mujer y a reducir la violencia al ámbito íntimo de lo privado exento de control judicial. Se advierte también que los operadores del derecho incurren en un total desconocimiento del ciclo de la violencia doméstica y las modalidades en que se ejerce (de manera continuada y múltiple). No se analizan las situaciones de sometimiento (aislamiento-dependencia económica-baja autoestima-relaciones de dominación) que limitan el ámbito de libertad y autodeterminación. Por otra parte, hay una tendencia a exigir conductas heroicas que conducen a entender que la mujer debe soportar la violencia en umbrales mayores a cualquier otra situación de maltrato y no responder ni reaccionar con otra agresión. Incluso, existen mitos como el que parte de la premisa de que fue la mujer quien provocó la agresión del marido o pareja, así como el mito de considerar que la mujer pudo poner fin a la violencia con otros medios (por ejemplo irse de la casa) y por ello, si no lo hizo, debe soportar las consecuencias violentas.

No son las leyes las que faltan. Son las falencias que se arrastran en la aplicación e interpretación de las normas. Es la falta de coordinación de políticas públicas con las decisiones judiciales. Es la carencia de recursos. Es el incumplimiento de nuestro país de actuar con “debida diligencia” especialmente por parte de los poderes Ejecutivo y Judicial. Es la ausencia de políticas de estado para realizar acciones de prevención y asistencia ante la violencia de género. Es el silencio que apaña una convivencia sustentada en la dominación de unos sobre otros.

Es hora de dar una batalla cultural basada en el respeto a la dignidad e igualdad de la mujer. Es hora de compartir en pie de igualdad derechos y obligaciones.

Acercar la brecha que separa la ley de la realidad es también una deuda de la democracia y los poderes públicos deben dar respuesta y proponer soluciones sin más dilación, disponiendo de las medidas necesarias para luchar contra la discriminación y la desigualdad de la mujer y abordando integralmente el problema de la violencia de género, lo que implica prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar.

Eso es simplemente actuar con la debida diligencia y respetar en serio los derechos humanos de las mujeres. Las leyes reconocen el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Actuemos en consecuencia, de lo contrario, seguiremos declarando emergencias y contabilizando las noticias aparecidas en los diarios dando cuenta de más femicidios, en un espiral de violencia machista que se cobra la vida de las mujeres.

*María Elena Barbagelata es exdiputada nacional por el Partido Socialista y directora de la Comisión de Derechos de la Mujer de la F.A.C.A.