Los diputados nacionales de Unión Pro por la Ciudad de Buenos Aires Pablo Tonelli, Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Jorge Triaca presentaron este martes un proyecto para excluir a la justicia nacional en lo penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, a la espera de su transferencia a la jurisdicción local.

El proyecto determina que el código de procedimientos en lo penal aprobado por Ley 27.063 se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, solo y exclusivamente en los procesos que tramiten ante la justicia federal en lo penal.

Al respecto, el diputado Pablo Tonelli, autor de la iniciativa, afirmó que “el Gobierno pretende avanzar sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires con proyectos inconstitucionales, violando el artículo 129 de la Constitución Nacional”.

“Hasta los legisladores locales del Frente para la Victoria han presentado proyectos en sentido contrario al presentado a nivel nacional. Esta contradicción e incoherencia en el seno del oficialismo prueba, también, la falta de lógica y sentido común que inspira a la intempestiva iniciativa de implementación del Código Procesal Penal de la Nación”, continuó Tonelli.

“Después de 22 años de la reforma de la Constitución es tiempo que se acepte la mayoría de edad para el pleno ejercicio de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que los ciudadanos, como el resto de las provincias argentinas, organicen su propio sistema de justicia y dejemos de ser súbditos del poder federal”, dijo Patricia Bullrich.

En los fundamentos del proyecto presentado, los diputados sostienen que “el Congreso Nacional actualmente carece de competencia para resolver acerca de la organización y funcionamiento de la justicia penal ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires. La única competencia que el Congreso conserva en la materia es la de resolver cuándo y cómo se concreta la ineludible transferencia. Todo lo demás, incluida la organización de la justicia penal, ha pasado a ser competencia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Además, concluyen que: “resulta imperioso no sólo oponerse a la iniciativa de aplicación e implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación del modo en que se lo impulsa desde el oficialismo, sino que también resulta urgente apurar el inexorable proceso de transferencia de las competencias propias del fuero nacional en lo penal. Debemos evitar que ese proceso de transferencia sea demorado, entorpecido o condicionado, en violación del artículo 129 de la Constitución Nacional”.