La diputada porteña Paula Oliveto Lago (CC-ARI), junto a su compañera de interbloque Inés Gorbea (SUMA+), presentó un pedido para que se informe sobre el llamado a licitación pública realizado por el Poder Ejecutivo Nacional para concesionar las cinco salas de bingo instaladas en la Ciudad de Buenos Aires, “en un claro atropello al derecho y la competencia local, que surge de la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y de distintas leyes sancionadas”.

Además, el proyecto de resolución pide que el Gobierno de la Ciudad comunique qué empresas tienen actualmente la explotación de las cinco salas de Bingo instaladas en Belgrano, Caballito, Lavalle, Congreso y Flores; informe qué personas físicas y/o jurídicas compraron los nuevos pliegos; en qué fecha vencen las actuales concesiones y cuál ha sido la actuación del Instituto de Juego y Apuestas de la Ciudad en el llamado a licitación pública por parte de la Lotería Nacional S.E.

“Queremos conocer cuáles han sido las acciones desarrolladas por el Instituto de Juego y Apuestas de la Ciudad, ya que entre sus funciones se encuentran la organización, administración, reglamentación, explotación, recaudación y control de todos los juegos de apuestas y de azar”, destacó Oliveto Lago. Y continuó: “la falta de accionar por parte del Gobierno de la Ciudad a la hora de luchar por su autonomía menoscaba los derechos de los ciudadanos que tiene a su cargo proteger”.

Según explicó la legisladora, “la deuda que tiene la Ciudad en materia de control del juego data de hace tiempo”. En 2003 se celebró el primer convenio entre Lotería Nacional y el Instituto de Juegos de la Ciudad, donde se llegó a un acuerdo sobre la participación de cada una de las jurisdicciones en cuanto al contralor de la actividad y la distribución. La presidenta del bloque CC-ARI sostuvo que este convenio “significó un grave perjuicio para la Ciudad dado que la distribución de ingresos estipulada fue injusta. Este convenio ha sido prorrogado por los distintos gobiernos cada cuatro años”.

En el 2008, mediante una propuesta del bloque de la Coalición Cívica, se aprobó una alícuota del 8% de impuesto de los Ingresos Brutos a las actividades vinculadas con el juego en la Ciudad. La misma fue apelada por algunos empresarios “a fin de evitar el pago de los ingresos brutos invocando cuestiones jurisdiccionales e interponiendo medidas cautelares que no permitieron a la Ciudad ejercer su potestad tributaria”.

En 2013 el Poder Ejecutivo de la Ciudad envió a la Legislatura un nuevo convenio, aprobado mediante trámite exprés, en el cual renuncia al cobro del impuesto por Ingresos Brutos al juego tanto en el presente como para el futuro, y condona las deudas existentes en dicho concepto. “Este convenio nunca fue denunciado por el Gobierno de la Ciudad”, destacó Gorbea.

Por su parte, Oliveto Lago hizo énfasis en que “indudablemente este convenio genera un injusto privilegio a favor de un particular, desdeñando la defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”, y finalizó: “es necesario una gestión exitosa de los funcionarios de la Ciudad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y no para favorecer a unos pocos amigos como demuestra claramente el manejo del juego”.