La legisladora María Rachid busca garantizar el acceso al empleo de personas con pena cumplida, en libertad condicional, o aquellas que estén procesadas.
La diputada porteña María Rachid (FpV) presentó un proyecto de ley para que se les garantice el acceso a un empleo a personas encarceladas o procesadas penalmente. La iniciativa incluye, a aquellas personas privadas de la libertad que hubieran cumplido total o parcialmente su pena; a las que pudieren acceder a salidas transitorias; o las procesadas con prisión preventiva que hayan sido excarceladas, entre otras.
El artículo 2 del proyecto establece que todos los organismos públicos deben reservar un cupo mínimo del 3 por ciento de los puestos de trabajo.
Según la legisladora, la propuesta tiene como objetivo “garantizar la reinserción laboral y acceso al empleo de las personas liberadas, a partir de su incorporación al mercado laboral formal, tanto público como privado”.
“Esta ley pretende revertir la situación de vulnerabilidad en la que, generalmente, las personas prisioneras se encontraban con anterioridad a la comisión del primer delito, y el acrecentamiento de dicha vulnerabilidad mediante el paso por el encierro”, aseguró Rachid.
Para finalizar, la diputada destacó que “varias provincias de nuestro país ya han sancionado leyes de cupo laboral”, y mencionó los casos de Buenos Aires, Mendoza y Río Negro.
