Solo tres de los 14 legisladores que integran la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso concurrieron a la reunión convocada por su presidente, el senador radical Juan Carlos Marino (La Pampa), para avanzar en la designación del ombudsman y en la creación del Comité para la Prevención de la Tortura.

Según el senador, la falta de quórum se debió a que “no estaba previsto” que se cayera la sesión en la Cámara baja, lo que le quita incentivos a los diputados para trasladarse desde sus provincias al Congreso.

“Es año electoral”, le recordó el radical Miguel Giubergia (Jujuy), el único diputado que asistió al encuentro, junto a la senadora Norma Morandini (Frente Cívico de Córdoba). Y aunque le dio la razón, Marino aseguró que de todas maneras “la democracia exige responsabilidad” por parte de los legisladores.

Defensoría acéfala

En la reunión estaba previsto el tratamiento de dos temas. Por un lado, el análisis de la situación institucional de la Defensoría del Pueblo, el órgano al que la Constitución le asigna “la defensa de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados” por la norma fundamental, cuya presidencia está vacante desde 2009.

En rigor, el defensor adjunto, Anselmo Sella, se desempeñó como cabeza de este organismo pero la finalización de su mandato en diciembre del 2013 dejó acéfala a la Defensoría. Y ahora, en esta situación irregular, la conducción está a cargo de Carlos Haquim.

Por cierto que la designación del defensor no es tarea fácil. El candidato debe ser propuesto por la comisión, presidida por la UCR pero con mayoría kirchnerista, y luego se necesita dos tercios de los votos afirmativos del Senado y de la Cámara de Diputados para designarlo. Es decir, se necesita negociación política y tiempo de análisis, algo difícil en un año electoral y con una oposición que acusa al oficialismo de querer copar el Estado con funcionarios que sigan respondiendo a Cristina Kirchner cuando esta abandone el Gobierno.

Mientras tanto, sin una conducción, el organismo sólo puede continuar las causas iniciadas, pero se encuentra impedido de presentarse como parte en nuevos casos. Así se evita un rol de control constitucional para las acciones de la administración pública y las empresas privadas proveedoras de servicios públicos.

Comité contra la tortura

El otro tema debía ser la “consideración de los informes presentados por el señor defensor (Carlos Haquim) y por el señor procurador penitenciario (Francisco Mugnolo) y la adecuación de sus respectivas estructuras” al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura (ley 26.827), aprobado por el Parlamento en 2012.

La norma establece que el Congreso debe crear el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, quien actuará como órgano rector de dicho Sistema para la aplicación efectiva del Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente a nivel mundial.

“Hay más de 140 muertes en cárceles por año”, alertó Marino para dar cuenta de la necesidad de avanzar con la aplicación del Protocolo.

Para ello el Comité podrá “realizar visitas de inspección a cualquier lugar de detención” de forma “regular o extraordinario y sin previo aviso”; elaborar una base de datos sobre “la situación de las personas privadas de libertad” en todo el país; así como “diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura”, entre otras cuestiones.

Integrantes

Además de Marino, Giubergia y Morandini integran la comisión bicameral los senadores José Mayans, Beatríz Rojkés de Alperovich, Sandra Giménez (Frente para la Victoria), la aliada Roxana Latorre y el senador Luis Petcoff Naidenoff (UCR).

También son miembros los diputados kirchneristas Pablo Kosiner, Omar Perott, Juliana Di Tullio, la massista Graciela Camaño y el radical Daniel Kroneberger.