Así lo sostuvo el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, durante el debate sobre la transferencia de delitos de competencia nacional a la justicia porteña. Participaron los jueces Ariel Lijo y Claudio Bonadío.
El vicepresidente 1º de la Legislatura porteña, Cristian Ritondo (Pro), y el Fiscal General de la Ciudad, Martín Ocampo, encabezaron este martes un debate sobre la transferencia de delitos de competencia nacional a la órbita de la justicia porteña. La apertura contó también con la presencia de los jueces federales Ariel Lijo, Marcelo Martínez Di Giorgi y Claudio Bonadío; el Fiscal Federal Jorge Di Lello y la funcionaria de Naciones Unidas Lucía Gómez Consoli.
Durante la jornada, Ritondo aseguró que “el Poder Judicial de la Ciudad, como uno de los tres poderes del Estado, debe ocupar el lugar que por derecho le corresponde, tanto a nivel presupuestario como de gestión. De esa manera dará el salto institucional que los representantes pretendemos y la sociedad reclama”.
“La Ciudad debe tener las mismas competencias que cada uno de los distritos del país, manejando su propio servicio de justicia y seguridad. Defender la autonomía es defender el federalismo, porque la Ciudad de Buenos Aires es un Estado dentro del Estado confederado”, expresó el legislador porteño.
En tanto, el fiscal General Martín Ocampo señaló que “la transferencia redundará en un servicio de justicia más amplio para los vecinos. Al investigar delitos que hasta entonces eran competencia de la justicia nacional, el denunciante podrá buscar una solución en una estructura descentralizada y amigable como lo es la Fiscalía de la Ciudad”.
A su turno, el fiscal federal Jorge Di Lello destacó: “desde el 2003 -año en que se sancionó la ley 25.752, primera iniciativa para la Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Nación al ámbito porteño- la Justicia Federal viene trabajando con el Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires impulsando acciones comunes, y dejando de lado las discrepancias, algo que la Argentina necesita”.
Por su parte, el juez federal Claudio Bonadío que explicó que “aún es un grupo minoritario de provincias que implementaron la ley 26.702, de transferencia de competencias, sancionada en 2011”. Bonadío manifestó que “muchas veces” el Ministerio Público Fiscal queda “saturado” ante la cantidad de causas de delitos en materia de drogas.
“Si la Ciudad desfederaliza la investigación sobre drogas, en nombre de los Juzgados Federales, yo se los voy agradecer porque llevarán la mayor parte del trabajo”, expresó el juez.
En tanto, el juez federal Ariel Lijo sostuvo que “la transferencia de competencias penales desde la Nación a la Ciudad no es un capricho, tiene que ver con respetar lo que dice la Constitución Nacional. Hay que dejar de lado los tecnicismos y concentrarse en la creatividad a la hora de abordar procesos judiciales”.
Por otro lado, Lijo –quien tiene a su cargo la causa Ciccone- manifestó: “en cuanto a los procesos judiciales por cuestiones de enriquecimiento ilícito, los jueces no cuentan con los recursos necesarios para actuar en forma más rápida”.
El juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi se refirió a los delitos contra la administración pública al destacar una “necesidad de avanzar con una reforma del Código Procesal Penal, para dejar más en claro qué es lo que se sanciona”. Y agregó: “la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una ventaja por contar con un sistema acusatorio en el cual el requerimiento queda en manos del fiscal. Esto simplifica bastante el trabajo del juez para que pueda investigar el origen de un incremento patrimonial”.
Por último, Lucía Gómez Consoli, integrante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señaló que “son muchas las acciones que la Argentina realiza contra el delito internacional, y se toma al Ministerio Público como un ejemplo a seguir por otros estados del mundo”.
Las jornadas de debate, que se extenderán a lo largo de este martes y el miércoles 24 de junio. La discusión gira en torno a la Ley 26.702, sancionada en 2011, sobre la transferencia de competencias para investigar y juzgar los delitos y contravenciones cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta tercera transferencia, que actualmente tiene carácter de proyecto de ley, prevé la incorporación de delitos relacionados con lesiones graves, incumplimiento de deberes de funcionario público, tenencia de arma de guerra y estupefacientes, entre otros.
La norma es complementaria de las leyes 25.752 y 26.357. Actualmente hay un proyecto de ley en la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña que insta a la firma de un convenio entre Nación y Ciudad para hacer efectiva la transferencia.
