Con el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación como escenario, se llevó adelante la jornada “Derechos Humanos, Orden Público y Federalismo” organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales y el Observatorio de Derechos Humanos de la Cámara alta, que dirigen el senador kirchnerista Juan Manuel Abal Medina y Elena Corregido.

La jornada tuvo como fin “propiciar la generación de consensos y conclusiones que permitan garantizar el acceso igualitario a los derechos humanos en todo el territorio nacional”.

Allí expusieron Betina Cuñado, miembro del equipo técnico del Observatorio; el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat; el director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, Diego Morales; el titular del Programa para la Aplicación de los Tratados de Derechos Humanos de la Defensoría General de la Nación, Martín Iglesias; los investigadores Viviana María Cristina Bonpland y Alberto Bozzolo y el coordinador general del Centro Articulador de Políticas Sanitarias de la Región Centro del Ministerio de Salud, Antonio Mario Pérez Talamonti.

Al hacer uso de la palabra, Corregido afirmó que “el Estado es uno solo y debe garantizar la igualdad de sus habitantes en el goce de estos derechos”. Planteó en ese sentido que “estamos convencidos que una de las formas de lograr este objetivo es a través de la sanción de leyes nacionales de orden público que regulen contenidos mínimos, aplicables de la misma forma y con los mismos criterios en todo nuestro país”.

“En materia de derechos humanos no existen límites jurisdiccionales ni fronteras, la garantía y el cumplimiento son la única respuesta”, concluyó la exsenadora chaqueña.

La doctora Cuñado expuso la postura del Observatorio acerca de la recomendación emitida sobre la necesidad de que las leyes relativas a la materia sean de orden público y de efectivo cumplimiento en todo el país. “La recomendación surgió como respuesta a debates que se estaban dando sobre este tema en las comisiones, como así también de los datos sobre las dificultades de implementación de las leyes nacionales en las provincias”, indicó.

Y agregó que “el fundamento jurídico es el artículo 75 inciso 22 de la Constitución que incorpora los Tratados Internacionales con sus principios; es decir, son operativos desde la incorporación y el Estado no puede excusarse; así como también el artículo 75 inciso 23 que pone en cabeza de los legisladores nacionales la atribución y la obligación de legislar para garantizar el goce de los derechos humanos”.

En la misma línea, Barcesat habló sobre la incorporación en el año 1994 con jerarquía de cláusula constitucional del conjunto de tratados internacionales de derechos humanos y la habilitación del novedoso mecanismo de incorporación constitucional, haciendo hincapié en el debate existente entre aquellos autores que dicen que no es lo mismo que sea parte de la Constitución a que tenga jerarquía de cláusula constitucional.

“Me parece un debate semántico absolutamente infructífero. La fuerza normativa es absolutamente la misma la de los tratados internaciones y la del texto propio de la Constitución Nacional; y es este texto abierto en el sentido que admite la incorporación de nuevos tratados que requieren de una mayoría calificada – dos tercios de los votos de los miembros que integran ambas cámaras del Congreso de la Nación- de manera que allí se debe dar todo debate respecto a la incorporación, pero una vez que esta incorporación ha operado no se necesita de nada más. Esta incorporación es vinculante, obligatoria y necesaria en su aplicabilidad en todo el territorio de la nación argentina y no puede haber otra lectura al respecto”, opinó.

Además manifestó que “el derecho no es magia, de manera que lo importante es implementar una política una ingeniería social que lleve ese derecho del mundo ideal de las normas jurídicas a la realidad de la vida cotidiana, que es ahí donde se padecen las necesidades que reconocemos como derechos humanos”. “De modo tal que cuando hablamos de educación, vivienda, salud o alimento tenemos que pensar en sistema una operatividad que los lleve a todos los habitantes”, sostuvo.

Por su parte, el doctor Morales, del CELS, planteó un muestreo de las situaciones que se viven en las diferentes jurisdicciones y el abordaje que cada una realiza, demostrando así diversos enfoques y matices.

A su turno, Pérez Talamonti centró su exposición en las políticas que implementa el Ministerio de Salud de la Nación en pos de brindar similar cobertura sanitaria a todo el país, enfatizando la atención en los sectores y regiones más vulnerables en la materia.

Finalizando el encuentro Bonpland y Bozzolo presentaron un documento sobre federalismo sanitario y la reforma del año 94, una mirada desde la gestión. Dieron un enfoque jurídico y económico, concluyendo que es necesario un abordaje sistémico que diseñe mecanismos de coordinación que favorezcan el compromiso del acceso a la salud.