Un día después de producirse el desplazamiento del juez Luis María Cabral de la Sala I de la Cámara federal de Casación Penal, la Coalición Cívica realizó una denuncia penal contra la presidente Cristina Kirchner y los miembros del Consejo de la Magistratura que responden al oficialismo y votaron esa remoción.

La presentación, formulada por la diputada nacional Elisa Carrió y la diputada porteña Paula Oliveto acusa además a la magistrada Ana María Figueroa, titular del tribunal, imputándole el cargo de ser “la autora intelectual y principal beneficiaria de este accionar que busca garantizar su impunidad”.

La presentación quedó en manos del juez Daniel Rafecas e intervendrá el fiscal Gerardo Pollicita.

Según la misma, se acusa a la presidenta de la Nación, a Julián Álvarez, secretario de Justicia, la jueza Gabriela Vázquez, y los legisladores del Frente para la Victoria Héctor Recalde, Anabel Sánchez Sagasti, Ruperto Godoy y Pablo González, más la jueza Ana María Figueroa, por “los delitos tipificados en los artículos 248, 249 (Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos) y 277 (Encubrimiento) del Código Penal”.

Carrió y Oliveto entienden que “existen elementos para concluir que la intromisión indebida del Poder Ejecutivo y la intervención realizada el pasado 25 de junio con la intención de controlar especialmente la Sala I de la Cámara de Casación formó parte de un plan meticulosamente armado”.

Consideran que “la remoción de un juez subrogante mediante un mero acto administrativo resulta un procedimiento irregular y arbitrario, pues tanto la Constitución Nacional como los Tratados Internacionales, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los principios de Derecho Público, prevén enfáticamente que los jueces sólo pueden ser removidos mediante el procedimiento de juicio político”.