Opositores de distintos partidos recibieron en el Congreso a dos periodistas despedidos de Minuto Uno por su actividad gremial y al director de La Brújula 24, procesado por revelar escuchas en una casa que involucra al empresario Lázaro Báez.
Un grupo de diputados nacionales de la oposición se solidarizaron en el Congreso con los periodistas Lucas Livchits y Brian Majlin, despedidos de Minuto Uno, y con Germán Sasso, de La Brujula 24, procesado por el delito de encubrimiento por no revelar sus fuentes sobre una investigación sobre el empresario Lázaro Báez.
La cita tuvo lugar en el Anexo de la Cámara de Diputados y contó con la presencia de los legisladores Laura Alonso, Patricia Bullrich (Unión Pro), Nicolás del Caño (PTS-FIT), Manuel Garrido (UCR) y Pablo López (PO-FIT); de la presidenta de la Fundación LED, Silvana Giudici; y de miembros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).
Lucas Livchits y Brian Majlin, periodistas y delegados de Minuto Uno -del Grupo Indalo del empresario Cristóbal López-, fueron despedidos el 19 de junio. Según contaron, en la puerta de la redacción pusieron los nombres y las fotos de ambos.
Los periodistas rechazaron el despido y aseguran que es una “clara persecución y discriminación” ya que son delegados gremiales. Sus compañeros de redacción de Minuto Uno estuvieron de paro durante siete días y, dicen, debieron volver a trabajar por presión de la empresa. Ahora siguen en asamblea permanente.
Majlin y Livchits están esperando la intervención del Ministerio, que según los trabajadores admitió informalmente la persecución gremial pero no hizo lugar a la conciliación ni convocó a una nueva audiencia.
“El objetivo de nuestro despido es reemplazar a los trabajadores que tienen convenios del sindicato de prensa por empleados que tengan el convenio del sindicato de televisión, con salarios y condiciones de trabajo inferiores”, aseguraron.
Germán Sasso, director de La Brújula24 fue procesado por el delito de encubrimiento dispuesto por el juez federal de Bahía Blanca Santiago Ulpiano Martínez. Se lo procesó por el presunto encubrimiento del delito de violación de secretos por difundir las escuchas telefónicas relativas a una investigación por lavado de dinero en el caso de Lázaro Baéz.
Además, fueron allanadas las instalaciones de la radio para encontrar la fuente que proporcionó los audios al periodista y se le solicitó a la compañía telefónica el listado de llamadas del celular de Sasso.
“La idea de la justicia en Bahía Blanca es que nos mantengan con un pie en la cabeza para que no sigamos informando”, dijo a los legisladores en la reunión.
En este marco, Laura Alonso expresó que “son dos casos graves que reflejan cuán difícil es hoy ejercer la profesión del periodismo con responsabilidad sin sufrir represalias laborales y judiciales”.
A su vez, la Bullrich destacó la “desaparición” de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) y el diputado Del Caño expresó su repudio a “la persecución sindical y despidos” y destacó “la particular lucha de los trabajadores de prensa que es paradójica, ya que no se difunde en los medios por miedo a las patronales”.
