¿Quién no pensó que cuando un fiscal de la Nación apareció muerto en su departamento el día previo al que iba a declarar ante el Congreso por su denuncia que alcanzaba a la mismísima Presidenta de la Nación, el tema dominaría la campaña electoral? Claramente esto es así, pero el caso Nisman solo logró monopolizar la atención durante el verano.

No obstante ese antecedente, recurrentemente la cuestión judicial logra desplazar del centro de la escena a las presidenciales. De hecho, es lo que sucedió precisamente en la semana en que la ley determina el inicio formal de la campaña electoral. Apenas se estaba moderando la polémica por el desplazamiento del juez Luis María Cabral de la Cámara de Casación, cuando el lunes la Sala II de la Cámara Federal declaró la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley de Subrogancias, recientemente sancionada por el Congreso y que fue la piedra del escándalo del caso Cabral. Si bien la decisión no alcanza a esa cuestión puntual, sienta un precedente que anticipa un freno a la cuestionada norma.

Esa medida fue dispuesta por la Sala II, que es la contraparte de la Sala I, que suele dictaminar en función de los deseos oficiales.

Ese mismo día se conoció la información de los procedimientos dispuestos por el juez Claudio Bonadío en Santa Cruz, que reactivó de esa manera la causa que más preocupa a la familia presidencial, pues la involucra directamente. La noticia generó el abroquelamiento del poder kirchnerista frente lo que definió como una “operación política” que vinculó directamente con el macrismo, con el pie que le daba el hecho de haber participado la Policía Metropolitana en los operativos.

Lo cierto es que la causa iniciada a partir de un informe periodístico en el programa de Jorge Lanata, luego transformado en denuncia judicial por la diputada Margarita Stolbizer, hacía meses que había moderado su dinamismo, precisamente cuando se esperaba una citación judicial al primogénito presidencial. Contrariamente a esa medida que hubiese desatado una tormenta política, el juez optó por un camino más concreto, pues en los operativos se secuestró material clave para la causa como computadoras que se espera tengan información comprometedora para los investigados.

En Tribunales se dice que Bonadío decidió actuar cuando tuvo la convicción de que pasada la feria judicial, irían por él. Que no sería otra cosa más que lo que terminó sucediendo el jueves, cuando la Sala I de la Cámara Federal decidió apartarlo de la causa. Una medida absolutamente desaconsejable en plena etapa electoral, de ahí tal vez la cara seria que se le vio al candidato presidencial del FpV cuando apareció ese mismo día en Tecnópolis, sentado a la diestra de la Presidenta. Esta etapa de la campaña desaconseja para el gobernador bonaerense tener que dar dosis recargadas de kirchnerismo explícito; y eso es lo que tuvo que hacer el lunes, cuando salió a criticar a Bonadío por sus operativos: “Llaman poderosamente la atención las medidas adoptadas a 17 días hábiles de una elección”, dijo, obligado por las circunstancias a pronunciarse sobre un tema incómodo para un candidato oficialista que el día anterior -en busca de esos votos de los que hablábamos- había dicho a Clarín, ante la pregunta de si las causas abiertas contra el vicepresidente y la familia presidencial se pararían durante una presidencia suya, que él siempre ha dado “todo el respeto institucional para que los tres poderes y la prensa funcionen con normalidad y de acuerdo a sus facultades”.

Nada más desaconsejable para una campaña electoral oficialista que el desplazamiento exprés de Bonadío que la Sala I de la Cámara Federal dispuso el jueves. Pese a ello, desde lo más alto se dio la señal para obrar en ese sentido, más allá de las consecuencias electorales. Si bien Cristina ha dado muestras de su compromiso en favor de que el Frente para la Victoria siga gobernando, su prioridad es garantizar el blindaje jurídico, y lo tienen claro dentro del kirchnerismo.

Sergio Massa hizo su aporte en la semana, cuando vinculó en una entrevista a Daniel Scioli con el juez Bonadío, al revelar una supuesta conversación en la que el magistrado le confiaba que iba a comer un asado con el gobernador. El vocero del candidato presidencial lo desmintió “de manera categórica”, pero el viernes el magistrado confió haber ido a comer varias veces a La Ñata, aunque aclaró que “en los últimos meses, ya con la causa Hotesur en pleno trámite, por lo menos dos allegados de Scioli vinieron a ofrecerme algún tipo de reunión con él que yo decliné”. Con lo cual, Bonadío dio curso a las versiones que le atribuyen al gobernador un papel importante en el “blindaje judicial” de la Presidenta, al punto tal que -dicen- fue clave su gestión en el voto del camarista Jorge Ballestero para rechazar investigar la denuncia de Nisman.

Se sabe de su relación con el juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, quien se ilusiona con encabezar la Agencia Federal de Inteligencia en un eventual gobierno de Scioli, y vale recordar que el fiscal de la causa Hotesur, que ahora pasará a manos de Daniel Rafecas, seguirá siendo Carlos Stornelli, quien fuera ministro de Seguridad de Daniel Scioli hasta 2010.

Va revelándose así una influencia del gobernador en el mundo judicial desconocida hasta el presente, y algunos vinculan ese dato con la decisión final de Cristina de ungirlo como único candidato.

Rafecas ganó popularidad cuando fue apartado de la causa Ciccone luego de que el vicepresidente Amado Boudou embistiera contra él durante su recordada conferencia de prensa del Jueves Santo de 2012. La causa cayó en manos del juez Ariel Lijo, quien finalmente avanzó con el procesamiento del compañero de fórmula de Cristina. Pese a haber sido una de las víctimas del huracán Boudou -en la misma jugada cayeron el fiscal Carlos Rívolo y el procurador general Esteban Righi-, Rafecas no es bien visto por la oposición, que tuvo siempre presente que su salida de la causa fue por los contactos revelados por Boudou entre el magistrado y su abogado, en los que le sugería los pasos a seguir a través de mensajes de texto. Para Margarita Stolbizer, ese apartamiento incluía el compromiso de no desplazarlo del cargo; de hecho, en el Consejo de la Magistratura la mayoría oficialista lo impidió, el 7 de mayo pasado, en la misma reunión en la que desestimó avanzar con el enjuiciamiento de Norberto Oyarbide, por supuesto enriquecimiento ilícito tras haberse demostrado que adquirió un lujoso anillo de diamantes que habría sido ingresado al país sin declarar desde Uruguay. Rafecas ya había dado muestras de que lo de Boudou que le valió la enemistad con el gobierno era un tema cerrado, tras desestimar rápidamente la denuncia de Nisman.

Ahora tiene la causa Hotesur, pero por los motivos expuestos la oposición no se ilusiona con que esa causa avance. “Allanamientos para todos y todas”, ironizó la Presidenta el jueves. Fue el allanamiento de un departamento de Boudou en Puerto Madero lo que eyectó a Rafecas del caso Ciccone. Fueron los allanamientos en Santa Cruz (más allá de que técnicamente eran “operativos”), los que desataron la reacción demoledora contra Bonadío, que al día siguiente ordenó allanamientos en YPF, Enarsa y el Ministerio de Planificación. Son medidas que, está claro, irritan sobremanera en lo más alto del poder.