La diputada nacional Diana Conti (FpV) salió al cruce de las versiones periodísticas que le atribuyen al Gobierno un intento de “censurar” los comentarios en Internet a través del proyecto de ley antidiscriminatoria.

“Una campaña mediática mal intencionada se ha desatado diciendo que queremos penalizar los comentarios de Internet. Es decir, que el Frente para la Victoria quiere censurar”, advirtió Conti.

A través de un comunicado, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales explicó que “la Ley Antidiscriminatoria argentina de 1988” y “pese a las modificaciones recibidas ha quedado desactualizada”.

Por eso, recordó que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, “tras un extenso estudio, dictaminó por unanimidad, con sólo una disidencia parcial, una nueva ley superadora pero que en modo alguno modifica su parte penal”.

Conti indicó que los medios “nada dicen de la discriminación”, ya que “la libertad de expresión es un derecho fundamental, que entre otros límites, tiene a la discriminación”.

“Discriminar por odio racial, religioso, de género, de orientación sexual, creencias, ideologías u otras materias está prohibido y debe ser prevenido”, opinó la legisladora oficialista, y agregó que “el respeto por el otro es una de las bases de la convivencia pacífica y de la profundización democrática”.

A su vez, señaló que “la mayoría de la ciudadanía se manifestó con fervor por el ‘Ni una menos’; luchar contra la discriminación y no alentarla también debe hacerse oír”.

“En esta Cámara de Diputados no solo el Frente para la Victoria está pensando de esta manera sino todos los bloques parlamentarios. Reitero, el dictamen salió por unanimidad”, insistió Conti.

El dictamen fija una pena de prisión de uno a tres años para quien “por cualquier medio alentare o incitare a la persecución, el odio, la violencia o la discriminación contra una persona o grupo de personas”.

También para el que “en forma pública u oculta, formare parte de una organización o realizare propaganda, basados en ideas o teorías de superioridad o inferioridad de un grupo de personas, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación”.

Por último, castiga a quienes “en forma pública u oculta, financiare o prestare cualquier otra forma de asistencia a las organizaciones y actividades” con fines discriminatorios.