El legislador porteño del Frente para la Victoria Fernando Muñoz presentó una acción de amparo contra CUCICBA, el Colegio que nuclea a las inmobiliarias porteñas. La presentación judicial fue motivada por el reiterado incumplimiento de las inmobiliarias de la ley 2.340, que establece un tope máximo a la comisión que pagan los inquilinos.

Tal como lo establece la ley 104 de acceso a la información pública, la acción de amparo quedó habilitada tras las respuestas ambiguas y parciales de CUCICBA a los pedidos de información presentados en dos oportunidades por Fernando Muñoz.

Al respecto, el legislador afirmó que “hace 90 días que venimos solicitando al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA) información sobre sus obligaciones -otorgadas por la ley 2340-, y en dos ocasiones se ha negado a brindarla, lo que no hace más que confirmar lo turbia y corporativa que es la relación del sector contra los inquilinos de la ciudad”.

“Como organismo público, CUCICBA tiene la obligación de informar sobre el comportamiento del sector que debe controlar: las inmobiliarias que actúan de mala fe, y las sanciones que reciben”, señaló el legislador, que puntualizó que “hacemos uso del derecho a la acción de amparo que nos otorga la ley 104 de información pública, luego que el colegio de corredores inmobiliarios esquivara una y otra vez las respuestas que merecen los inquilinos”.

Agregó que “todo el mundo sabe que en la ciudad de Buenos Aires las inmobiliarias cobran dos meses de comisión a los inquilinos. Lo que muy pocos saben es que por ley deberían cobrar apenas un mes, que CUCICBA es responsable que se cumpla esta ley y que el gobierno de la Ciudad no hace más que ofrecer créditos a los inquilinos, en vez de garantizar sus derechos”.

Fernando Muñoz presentó varios proyecto de ley para mejorar la situación de los inquilinos, uno de ellos es para crear en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, una Oficina que se encargue de proteger los derechos de los inquilinos. “Aquí no hay oficina estatal que se ocupe de los que sufren los abusos en los contratos. Uno de cada tres hogares en Buenos Aires es alquilado. Resulta escandalosa la complicidad de las inmobiliarias y el gobierno porteño”, sostuvo Muñoz.