Lo sostuvo el autor intelectual del decreto utilizado por el presidente para nombrar en comisión dos jueces para el Tribunal, que confesó haberse inspirado en ese temor para sugerirle al presidente usar esa herramienta constitucional durante el receso del Senado. De haberlo usado la expresidenta, “teníamos a Cristina Fernández hasta 2050”, dijo.
Caracterizado por algunos como el “monje negro” de Mauricio Macri, Fabián Rodríguez Simón es el ideólogo de algunas de las medidas de Mauricio Macri que más polémica generaron. Fue el autor de la cautelar presentada en vísperas de la asunción presidencial para que la jueza María Servini de Cubría determinara cuándo vencía el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y el impulsor del DNU que nombró “en comisión” a dos jueces para la Corte Suprema.
“Pepín”, como también se lo conoce, es un amigo del presidente de la Nación que lo asesora en temas jurídicos, y que además acaba de jurar como parlamentario del Mercosur.
“No, son cosas que van circulando por ahí, hay muchos periodistas que refritan cosas, fantasías que espero sean desmentidas con el tiempo”, aclaró respecto del mote de “monje negro”.
El mentor de los decretos más audaces del macrismo dialogó con el programa Inimputables, de radio América, en donde explicó que la presentación de la cautelar en nombre de Mauricio Macri y Gabriela Michetti “era una cuestión de puro derecho y se debió a una serie de declaraciones peligrosas de Aníbal Fernández, que dijo que si la transmisión del mando no se hacía por algún motivo, continuaba en funciones Cristina Elisabeth Fernández, lo cual era desde todo punto de vista antijurídico”. Citó también “ese famoso dictamen que le pidieron al pobre escribano Echegaray, también ajeno a sus funciones, que por cierto no es dictaminar nada, generó una confusión que nos pareció peligrosa desde lo constitucional”.
Así las cosas hizo el planteo, aunque dijo que “nos parecía clarísimo que desde la 0 hora del 10 de diciembre la fórmula proclamada pasaba a ser la que gobernaba el país”. La hicieron, sostuvo, “porque nos turbaba en el derecho, hacía falta una acción declarativa de certeza”. Rodríguez Simón agregó que “nos hacían pensar que estaba en peligro ese ejercicio del derecho”, y aclaró que “el problema no era el ceremonial, sino quién manejaba la seguridad desde las 0 horas del 10 de diciembre”.
Y consideró que “más allá del disparate que significó, fue bueno, porque el Gobierno saliente tuvo su fiesta de despedida el 9 y el Gobierno entrante el 10. En una sociedad menos crispada, quizá en el futuro podamos festejar juntos, pero así no nos pareció malo que cada uno tuviera su día de festejo”.
Le reconoció de todo modos al kirchnerismo haber “desterrado la violencia como herramienta política, lo cual no es poco. Es un mérito a destacar del Gobierno saliente, sobre todo por la impronta que le dio a su gestión y sus antecedentes”.
Con relación al decreto 83, que nombró a los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para la Corte, negó ser el ideólogo del mismo, condición que le atribuyó a Thomas Jefferson y a Juan Bautista Alberdi. Algo que la reforma constitucional del 94 ratificó, remarcó Rodríguez Simón, destacando que “si los constituyentes hubieran querido cambiar la norma, hubieran cambiado la letra”.
Basado en hechos prácticos, citó el caso de Raúl Alfonsín, cuando en el 85 “nombró tres presidentes de cámaras federales, además de nombrar una serie de jueces de primera instancia; no lo hizo tanto por la situación de urgencia, sino porque (Vicente) Saadi, que manejaba el Senado, le tenía pisados los pliegos”. Así las cosas, sostuvo que la medida adoptada “es una herramienta de equilibrio constitucional”.
“Institucionalmente tener vacantes en la Corte o de otros cargos que tengan aprobación del Senado, sin cubrir, genera una situación de peligro institucional”, consideró “Pepín” Rodríguez Simón, para quien “esta es una herramienta constitucional para que el Senado cumpla su función institucional y no extorsione en demasía al Poder Ejecutivo o a la sociedad no cubriendo los mandatos”.
Añadió el abogado que “si producida la vacante no se llena antes del receso, el Senado corre el riesgo de que el Poder Ejecutivo le ponga alguien en comisión”. Contó que en Estados Unidos ese mecanismo “se usa muy habitualmente”, al punto que “hay más de 300 casos de jueces y camaristas nombrados allí de esa forma en el siglo XX”.
Puntualmente consultado sobre esta presentación, relató que hace dos años le acercó un paper jurídico a Mauricio Macri porque “tenía mucho temor porque Cristina proponía cambiar el perfil de la Corte y tenía el número suficiente en la Cámara de Diputados para ampliar la Corte a 9”. De tal manera, le daba “pánico”, contó, “que lo hiciera y en el receso nombrara 5 jueces en comisión. Entonces teníamos a Cristina Fernández hasta 2050”.
Pasado el temor, continuó, “apareció una oportunidad”, y admitió que “quizás hubiera merecido hacerlo más prolijo, quizá hubo un apresuramiento, lo podríamos haber hecho más prolijo, pero no es para discutir si es constitucional o no, es una discusión que no merece”. Señaló que “la política puede haber estado bien o mal”, pero insistió en que “no es antijurídico, el tiempo decidirá si fue oportuno o no”.
“Jurídicamente no tiene sentido discutirlo, porque la letra y los antecedentes son clarísimos”, agregó, y respecto de los reparos de ciertos constitucionalistas, llamó “despechados” a muchos de ellos. “Son los que salieron a criticar, despechados autocandidatos a la Corte. Pero no da para discutir. Hablan que cambió con el espíritu del 94; no creo en los espíritus, creo en la letra de la ley”.
En su nota a Inimputables, Rodríguez Simón aclaró que “nuestros aliados sabían que es una decisión presidencial. Sabían que había una posibilidad y que técnicamente era correcto” lo que hacían.
Tras insistir en la defensa de la facultad presidencial de designar jueces en comisión durante el receso del Senado, ante la pregunta de qué pasaría si el Senado no aprobara los pliegos, señaló que “son jueces designados en comisión, no necesitan que el Senado les apruebe los pliegos. Su mandato en comisión se extingue el 30 de noviembre de 2016”.
Buscando ejemplos en Estados Unidos, contó también que hubo un caso en el que pese a que el Senado rechazó un pliego, el magistrado continuó en comisión hasta el final de la Legislatura. “Si los enviara (los pliegos) y los rechazara (el Senado) se abriría una discusión técnica jurídica”.
Con todo, aseguró que “el Pro viene a dialogar desde el ejercicio pleno de las facultades. Consensuar es una cuestión política”.
